La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, ha tildado de «inaceptable» las acusaciones del diputado del BNG Paulo Ríos en relación con un supuesto «compadreo» con empresas en el transporte público por carretera.

Por su parte, el titular de Educación, Román Rodríguez, ha contestado a la socialista Noelia Otero que es «razonable» que en un servicio con la «dimensión» del transporte escolar haya incidencias, pero ha rechazado «lanzar una sombra de dudas».

Ambos temas se han tratado este miércoles en el pleno del Parlamento de Galicia, en sendas interpelaciones al Gobierno autonómico.

En primer lugar, el nacionalista Paulo Ríos ha recriminado a la titular de Infraestruturas la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que apunta al reparto de mercado entre Monbus y Alsa y ha agregado que también ahora el Consello de Contas, en un informe, «lo dice claro». «Están yendo en contra de las pymes», ha aseverado.

En su turno, Ethel Vázquez ha respondido que «el incremento en número de viajeros es espectacular estos últimos meses» en el transporte público, en el que ha apuntado la reciente adopción de una «medida social pionera» para la gratuidad del servicio en mayores de 65 años.

Por su parte, ha asegurado que «es mentira que la sentencia del TSXG cuestione el procedimiento» y «menos aún que atribuya a la Xunta una responsabilidad». «El auto judicial no hace referencia al proceso de contratación, sino a las prácticas de dos empresas», ha replicado.

«Insisto: lo que cuestiona la sentencia es una resolución de la Comisión Galega de Competencia en relación con un expediente sancionador», ha afirmado la conselleira.

El Ejecutivo autonómico, según Vázquez, ha sido «escrupuloso» y «transparente» en este campo, y los 40 recursos contenciosos «ganados» de 40 presentados son «el aval de la Xunta haciendo bien el plan de transporte público». «Uno, dos, tres… hasta 40 favorables contenciosos. Todos. Este es el aval de la gestión de la Xunta en el transporte público», ha incidido.

De este modo, ha achacado al parlamentario del Bloque acudir a la Cámara «a hacer una romería» y ha instado a su grupo a «predicar con el ejemplo», en concreto en la ciudad de Santiago, con la licitación del servicio.

«Nosotros apostamos por las pymes y por que puedan participar en el transporte público», ha subrayado. En cuanto al «tema ambiental» al que también hace referencia Contas, por el motor de los vehículos, ha aludido a la antigüedad de la flota y ha añadido que la del Ayuntamiento de Santiago «fulmina records».

En la réplica, Paulo Ríos se ha mostrado convencido de que «más pronto que tarde» y «en otro foro» la conselleira tendrá que dar «explicaciones» por una conversación con un cargo de Alsa.

Al cierre ha sido cuando Ethel Vázquez ha tildado de «inaceptable» las acusaciones de «compadreo» y ha apostillado que «hay que tener rostro, cuando el BNG en Santiago le dio a dedo 11 autobuses a Monbus que le están costando 600.000 euros al año a los santiagueses». «Pese a quien le pese, Galicia es un referente en transporte público», ha resuelto.

TRANSPORTE ESCOLAR

A continuación, en otra interpelación, la socialista Noelia Otero ha denunciado incidencias en el transporte escolar por «malas condiciones» de los vehículos y viajes «sin cuidadores», entre otras cuestiones.

El conselleiro del ramo, Román Rodríguez, ha contestado que «Galicia cuenta con el servicio más amplio de transporte escolar del estado» y eso «implica una gran complejidad», pero «todo el alumnado tiene garantizado el desplazamiento».

Lo que no ha visto «ni lógico, ni responsable, ni justo» es «generar una visión intentando desprestigiar o generando una serie de sombras» sobre el transporte escolar.

Las incidencias «son puntuales» y «los datos lo ponen de evidencia», con 181 al inicio del curso, «la inmensa mayoría diarias», esto es, en las que «al día siguiente» ya hay solución. Afectaron, de acuerdo con sus cifras, a 49 centros educativos.

Entre las causas, ha explicado que 117 tenían que ver con atascos «que derivaron en retrasos».

Asimismo, el curso pasado, a raíz de las denuncias presentadas y de las inspecciones realizadas, se abrieron expedientes y de ellos «se llegó a la imposición de 75 penalidades», según ha informado el titular de Educación. La «más significativa otra vez» se debió a «atrasos por atascos», con 21.

«En este curso actual aún estamos cumpliendo el procedimiento respecto a las 181 incidencias que darán lugar o no a penalidades para tener las garantías (…) No es ser más o menos contundente, hay un procedimiento que hay que cumplir», ha expuesto el dirigente autonómico.

En este sentido, ha resumido que «se vigila el cumplimiento de los contratos» y ha considerado que «decir que hay connivencia –entre la Xunta y las empresas– es el típico tópico».