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El TSXG suspende la aprobación del proyecto para la mina de A Penouta, en Viana do Bolo

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El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha suspendido de forma inmediata e incondicionada la resolución de la Xunta que aprobó el proyecto de explotación y el plan de restauración de la concesión de una sección de la mina de A Penouta, en Viana do Bolo (Ourense).

La sala de lo contencioso del TSXG atiende así la reclamación de Ecoloxistas en Acción, ante los «graves impactos» de la mina sobre el espacio protegido de Pena Trevinca, Red Natura 2000.

Ecoloxistas en Acción denuncia desde hace años los impactos de esta explotación minera, entre los que cita vertidos de residuos en los regatos de la zona que afectan al LIC Pena Trevinca, en Red Natura 2000.

Ahora, subraya que la justicia le da la razón al suspender cautelarmente la resolución de la Xunta que hace un año autorizó el proyecto de explotación de la mina.

«PRIMER PASO»

Para Ecoloxistas en Acción este es «un primer paso hacia la anulación de la autorización de la mina de estaño y tantalio de A Penouta, propiedad de la canadiense Strategic Minerals».

Al respecto, critica que la Xunta dictó en marzo de 2022 una declaración de impacto ambiental favorable que permitió a la empresa iniciar la explotación a cielo abierto, «a pesar de las advertencias y alegaciones de las organizaciones ecologistas».

Así, ha advertido que con ello «incrementa los impactos ambientales sin que se evaluara adecuadamente la afección a la Red Natura 2000, hidrología y viviendas próximas en la aldea de A Penouta».

Reclama a la Xunta «que respete la decisión judicial y ordene la paralización inmediata de la actividad minera en cumplimiento del auto».

«Esperamos que el Gobierno gallego cumpla enseguida con el dictamen del auto judicial. De no hacerlo, iniciaremos acciones ejecutorias y reclamaremos la responsabilidad personal de los funcionarios y altos cargos por los impactos generados», recalca el portavoz de Ecoloxistas en Acción, Cristóbal López.

Para la organización ecologista es «sorprendente que todas las analíticas realizadas por la Confederación Hidrográfica omitiesen precisamente los parámetros arsénico, mercurio, cadmio y plomo, permitiendo que la empresa consiguiese evitar sanciones mucho más altas».

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