La Confederación Intersindical Galega (CIG) ha criticado este miércoles que el nuevo acuerdo europeo de teletrabajo «no garantiza las condiciones más beneficiosas» para los trabajadores.
Fue el pasado viernes cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el acuerdo marco por el que se posibilita que las personas que realicen teletrabajo transfronterizo habitual estarán sujetas a la legislación de seguridad social del Estado en el que el empresario tenga «su sede o domicilio, siempre que el teletrabajo transfronterizo realizado en el Estado de residencia sea inferior al 50% del tiempo de trabajo total».
Este acuerdo es aplicable, desde el 1 de julio, en estados europeos como Alemania, Suiza, Liechtenstein, República Checa, Austria, Noruega, Portugal o España, entre muchos otros.
Tal como ha lamentado la CIG, si bien es cierto que con este acuerdo voluntariamente un trabajador contratado por una empresa con sede en Alemania podría estar viviendo en República Checa con salario alemán, «también es verdad que abre la posibilidad de que ocurra al revés, que se aproveche esta normativa de seguridad social para aplicar las condiciones menos beneficiosas que se dan en la República Checa a trabajadores de alguno de los Estados firmantes con mayor protección de seguridad social y de condiciones de trabajo».
Según el secretario general de la CIG, Paulo Carril, con esta normativa «no quedan garantizadas para los trabajadores las condiciones más beneficiosas de seguridad social de los países implicados».
Para Carril, uno de los problemas que se derivan de este acuerdo es que puede «facilitar la deslocalización de la actividad», al permitir que se apliquen las normas de seguridad social, tanto de donde la empresa tiene su sede, como su domicilio, lo que puede llamar a las empresas a mudar su localización «provocando cambios negativos».