El Consello da Cultura Galega (CCG) ha acogido este lunes un encuentro con representantes de los diferentes grupos parlamentarios, administraciones y entidades, a los que ha trasladado las conclusiones de su foro ‘Un país coa súa lingua’, sobre la situación de la lengua gallega.

La presidenta del CCG, Rosario Álvarez, fue la encargada de abrir la reunión, en la que la institución ha explicado el documento con 96 medidas elaborado a partir de las reflexiones de ese foro participativo, y que ya fue presentado el pasado 16 de octubre.

Se trata de un documento «propositivo» que, según ha señalado el Consello, «complementa el marco legislativo vigente y el Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, con medidas que buscan «activar una vía de diálogo» entre administraciones, comunidades educativas y científicas, sector cultural y creativo, tejido económico y sociedad civil.

Las iniciativas que recoge están divididades en seis áreas temáticas (educación e socialización; administración, justicia y servicios públicos; sanidad, ciencia y servizos sociales; comunicación, cultura y acción exterior; economía, turismo y deporte; y sociedad, creencias y participación comunitarias.

Entre las propuestas que plantea está la incorporación de «cláusulas lingüísticas» en la contratación pública, así como mecanismos de seguimiento y medidas correctoras, buscando favorecer el uso del gallego en los servicios externalizados; la creación de unidades piloto en el ámbito de la justicia que operen únicamente en gallego, y modelos estandarizados de escritos y comunicación; en el ámbito empresarial, redacción en gallego de estatutos, contratos, manuales, etc.; ampliar la oferta de programación infantil y juvenil en gallego en los medios y actividades culturales, o redacción de un código voluntario para que agencias, gabinetes de prensa y medios de comunicación respeten la lengua original en entrevistas y ruedas de prensa.

Igualmente, se propone implantar un proyecto piloto lingüístico en centros educativos, o alternar la lengua vehicular de algunas materias; o elaborar un inventario de aplicaciones esenciales de cada ámbito, indicando su estado lingüístico y las medidas para garantizar que la interfaz, la documentación y el uso sean en gallego.

El documento traslada también actuaciones de carácter más estructural, como la creación de una red pública de servicios de normalización lingüística con recursos suficientes; impulsar los servicios de normalización en la Sanidad y la Justicia; ofrecer líneas educativas en gallego; o crear una mesa de diálogo con plataformas globales como Google, Meta, Spotify… para abordar la penalización de lenguas como el gallego por parte de los algoritmos.