La Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos ha presentado demanda ante el Tribunal Supremo (TS) para reclamar la anulación del decreto que establece los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) con los que el Gobierno regula la eólica marina, ya que considera que son «ilegales» por su impacto sobre el sector pesquero.

El portavoz de esta plataforma, Torcuato Teixeira, ha criticado que el Gobierno busca «favorecer el impulso de la eólica marina» sin informes en los que se evalúe el daño sobre la pesca, «prescindiendo de una de las actividades primigenias en el mar».

En este acto en la lonja de A Coruña de una plataforma que agrupa a unos 30 colectivos de diferentes comunidades, Teixeira ha estado acompañado por el presidente de la Federación Nacional de Cofradías, Basilio Otero; el presidente de las cofradías gallegas, José Antonio Pérez Sieira; la secretaria de la Federación de Cofradías de Asturias, María José Rico; y el presidente de las cofradías de Canarias, David Pavón.

Así, la plataforma informa de que el Supremo ya ha admitido esta demanda, con el requirimiento al Estado para que conteste, puesto que el Ministerio para la Transición Ecológica ha «desistido» de la protección de los ecosistemas marinos «saltándose el principio de precaución», así como la «normativa internacional y nacional».

Al respecto, estos representantes de los pescadores aseguran que no están en contra de las energías renovables, dado que apuestan por reducir las emisiones de CO2, pero «no sacrificando» a la pesca y los ecosistemas marinos. Y es que avisan del impacto litoral como el gallego con los proyectos de eólica marina, principalmente entre Ferrolterra y cabo Ortegal.

INFORME DE LA UDC

La demanda se basa en un informe de expertos del Observatorio del Litoral de la Universidade da Coruña (UDC), en el que se detectan un total de «11 ilegalidades e irregularidades manifiestas» de cuestiones como la ley de protección del medio marino y la directiva marco de Ordenación del Espacio Marino. Alertan de que el Real Decreto 150/2023 de 28 de febrero en el que se aprueban los POEM «no se han tenido en cuenta» los impactos ambientales, sociales y de sostenibilidad para ajustarse a la legalidad vigente.

Apuntan que la demanda ante el Supremo se sustenta en la vulneración de los principios de precaución, legalidad y transparencia. También se pone de manIfiesto una «vulneración constitucional» en relación con el artículo 130.1 de la Carta Magna que obliga a los poderes públicos a atender en especial el desarrollo de la pesca junto a otros sectores sensibles, pues el Ministerio «ha apostado» por la eólica marina «en detrimento de la pesca que será expulsada de sus caladeros».