La Xunta intervendrá activamente en el recurso presentado por la Organización de Produtores Pesqueiros (OPP) burelesa contra el veto a la pesca de fondo decretado el año pasado por la Comisión Europea en 87 zonas de aguas comunitarias después de que el Tribunal de la Unión Europea aprobase que actúe como parte coadyuvante.

Precisamente, el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, ha visitado este miércoles el puerto de Burela para trasladarles a los representantes de la OPP y de otras entidades del sector que la Xunta acaba de ser reconocida como parte coadyuvante.

En su intervención, de la que ha informado la Xunta en un comunicado, el titular de Mar ha explicado que el Tribunal General de la Unión Europea emitió el pasado viernes una resolución en la que admite la intervención del Ejecutivo gallego en el procedimiento al reconocer que esta prohibición impacta en los intereses de la comunidad autónoma.

Esta decisión del tribunal europeo, ha apuntado, supone un hito muy importante puesto que pocas peticiones de este tipo -presentadas por las regiones europeas- prosperan e implica que la Administración gallega pueda participar activamente en el proceso, con el que podrá responder a los argumentos de la parte demandada y reforzar los presentados por la parte demandante, los socios de la OPP-7.

El representante del Ejecutivo gallego ha subrayado que la Xunta deberá formalizar en las próximas semanas su intervención en el procedimiento para seguir avanzando en el objetivo final, tumbar una decisión totalmente arbitraria y desproporcionada con un importante impacto en el conjunto del sector.

De hecho, ha recordado, esa prohibición de faenar en determinadas áreas para proteger posibles ecosistemas marinos vulnerables afecta al arrastre e incluso al palangre, a pesar de ser esta última una de las artes más selectivas que existen. En esta situación, ha señalado que los barcos se vieron obligados a abandonar esos caladeros -en los que llevaban décadas trabajando- y desplazarse a otros en los que ya están pescando otros buques, lo que provoca un solapamiento que puede derivar en una sobreexplotación de los recursos y en el empeoramiento del estado biológico de las distintas población.

La solicitud de intervención presentada por el Ejecutivo gallego ante el Tribunal General de la Unión Europea -a través del despacho de abogados J&A Garrigues- ya advertía del grave impacto que esa decisión injustificada de Bruselas puede suponer a largo plazo para el conjunto de la comunidad. En este sentido, incidía en que los perjuicios podían ir desde la posible pérdida de flota o empleos hasta llegar a una menor actividad en los muelles autonómicos que perjudicaría el equilibrio presupuestario de la comunidad.

Por eso, ha incidido Alfonso Villares, la participación de Galicia en el procedimiento permitirá al TJUE valorar, con información precisa y próxima a los territorios afectados, las repercusiones económicas y sociales de la prohibición establecida en el reglamento impugnado, una cuestión que la Comisión Europea no evaluó antes de su aprobación.

De este modo, la Xunta ha destacado que avanza en la estrategia marcada por los distintos juristas especializados consultados, que descartaban la opción de que la comunidad presentara un recurso en solitario, puesto que tenía muy pocas posibilidades de prosperar, y que la fórmula más oportuna era la de acompañar al sector en su demanda.

El resultado, ha sostenido el titular de Mar, es fruto del trabajo intenso de los técnicos de la Consellería y del equipo contratado por la Xunta, que armó y fundamentó la solicitud de la comunidad con argumentos sólidos.

En este sentido, ahora mismo hay en marcha dos procedimientos españoles contra el veto a la pesca de fondo en el seno del Tribunal General de la Unión Europea, el de la OPP de Burela con la Xunta como parte coadyuvante y el del Gobierno central, que es un actor privilegiado por tratarse de un estado miembro, por lo que tiene más fácil justificar los perjuicios ocasionados.

El conselleiro ha indicado que Galicia va a seguir trabajando en la defensa de los intereses de la flota gallega como hizo desde el primer momento. En esta línea, recordó que la Xunta prestó asistencia jurídica al sector desde que se aprobó el reglamento de ejecución y aportó argumentos tanto a la flota como al Ejecutivo del Estado para armar bien sus recursos y ayudar a que prosperen.