El sindicato CIG ha denunciado este lunes el intento de la patronal del metal de la provincia de Pontevedra de «criminalizar» la lucha de los trabajadores y de querer operarios «sumisos y obedientes», al tiempo que ha reivindicado que ha sido a través de huelgas y presión como se han conseguido incrementos salariales en los convenios por encima de la media gallega y nacional.

Así lo ha trasladado en una rueda de prensa el secretario xeral de la central nacionalista, Paulo Carril, quien ha subrayado que los aumentos de salarios, los convenios con cláusulas de revisión y otros logros han sido fruto de la movilización de los trabajadores y también de la negociación y el diálogo.

Con esos mecanismos, ha indicado, se han firmado acuerdos en diferentes sectores en Galicia, y también en el metal de las provincias de A Coruña, Lugo y Ourense. En cambio, ha lamentado, la patronal del metal de Pontevedra «ejerce como un capataz de una plantación de algodón», como «mamporreros», y no solo intenta «criminalizar» la huelga sino que «instiga actuaciones policiales desproporcionadas e ilegales».

Todo ello, ha añadido Paulo Carril, para «ocultar su incapacidad y su nula voluntad de negociar». «En vez de repartir estaca, que den más salarios», ha proclamado el secretario xeral de la CIG, que ha advertido de que los representantes empresariales «quieren trabajadores sumisos y obedientes», mientras los beneficios de las compañías siguen subiendo.

«NO ES INCOMPATIBLE NEGOCIAR CON HUELGA»

Carril ha reiterado lo ya trasladado por las federaciones comarcales de Industria de CIG, CC.OO. y UGT, en el sentido de que se mantendrán las movilizaciones a pesar de que la patronal ha puesto la suspensión de la huelga como condición para retomar las negociaciones. «No es incompatible negociar con la huelga, la huelga es imparable, a esto nos ha abocado la patronal», ha apuntado, y ha insistido en que, visto lo ocurrido en otras provincias, «el problema lo tiene Asime y la patronal de Pontevedra».

Por otra parte, el responsable de la CIG ha manifestado su preocupación porque «algún alcalde» se sume «a la idea de criminalizar» las protestas en ciertos sectores, en lugar de «poner la vista en la parte más débil, que son los trabajadores».

Mientras, el responsable de Negociación Colectiva de la CIG, Francisco González Sío, ha proclamado que las reivindicaciones de los trabajadores, tanto en el sector metal como en otros, «son adecuadas» a la situación de pérdida de poder adquisitivo y crisis inflacionaria. «Parece que pedimos algo inasumible, pero no es así», ha señalado, y ha explicado que los convenios industriales firmados en lo que va año en la provincia recogen un incremento salarial medio del 5 %, y el 97 % tienen claúsulas de revisión.