La Comisión Galega da Competencia ha recurrido al Tribunal Supremo, como en su día anunció Monbus que haría y ha hecho, al igual que Alsa, según han confirmado a Europa Press fuentes del sector, la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por supuesto reparto de mercado.
El presidente de la comisión, Ignacio López-Chaves, ha informado en una comparecencia en la comisión de economía del Parlamento, de que el organismo ha recurrido al Supremo «por una cuestión» en concreto: para determinar si debe «aplicar el test de necesidad o el de razonabilidad empresarial».
«Si nos rechazan el recurso al Supremo y hay que aplicar el test de necesidad, lo aplicaremos. Pero el recurso ha sido para saber cuál aplicar», ha argumentado, en referencia a las normas para valorar la concurrencia de uniones temporales de empresas.
Según ha expuesto, «frente a una postura tradicional-conservadora se está alzando una corriente no solo doctrinal, sino jurisprudencial, de valorar aspectos procompetitivos de las UTE».
Por eso la comisión «ha aplicado la teoría de la razonabilidad empresarial», si bien si el tribunal «considera que es aplicable el test de necesidad, será el que se aplique», ha ratificado.
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
Después de exponer en su primera intervención cuestiones de la memoria de 2022 de la Comisión Galega da Competencia y actuaciones previstas para este año 2023, López-Chaves ha sido interrogado y criticado por este asunto por los portavoces de la oposición, BNG y PSdeG.
Así, la diputada del Bloque María do Carme González Iglesias ha señalado a las supuestas «prácticas anticompetitivas por parte de Monbus y Alsa acordando repartirse los lotes» y ha recordado que «hubo numerosas denuncias» tanto en la mesa de contratación, «que hizo oídos sordos» como ante Competencia.
«El resultado fue exactamente el mismo. Concluyeron que no existía indicio de vulneración, así que avalaron la posición de la consellería y archivaron el caso y a otra cosa», ha censurado.
Ahora, le reprocha «anunciar que en vez de acatar la resolución lo que va a hacer –el ente público– es recurrir la sentencia». Los nacionalistas llevan «tiempo denunciando la connivencia del PP con estas empresas», ha incidido.
Se trata, a su juicio, de «un tema muy grave de trato de favor» y la parlamentaria ve a López-Chaves «tan culpable como la conselleira, porque no hizo su trabajo». «Espero que dé las explicaciones oportunas por esta vergonzosa actuación de la comisión», ha subrayado, antes de obtener la respuesta por parte del presidente de la comisión sobre que el recurso busca, según ha dicho, aclarar criterios.
Por parte del PSdeG, Gonzalo Caballero ha mostrado su «preocupación» y pidió una «valoración» de la sentencia que ve «indicios racionales de infracción».
«Ustedes decidieron no actuar, dejando de cumplir sus funciones. Eso hace dudar de toda la actuación de la comisión, por eso pedimos que explique qué ocurrió, rectifiquen lo mal hecho y den garantías de que podemos confiar», ha advertido.
OFICINAS BANCARIAS
Otro asunto que ha sido objeto de debate durante esta comparecencia ha sido el de la supresión de oficinas bancarias, tema que fue objeto de un informe por parte de la Comisión Galega da Competencia.
Caballero ha recordado que en 54 ayuntamientos gallegos ya no hay oficina bancaria y 131 solo tienen una, lo que «es un elemento que restringe la competencia».
Por su parte, López-Chaves ha avisado de que es un proceso que aún «no terminó» y que hay más de 4.000 municipios en España sin oficina bancaria.
OTROS ASUNTOS
Entre otros asuntos, el socialista ha aprovechado para censurar la «forma de contratación de la Diputación de Ourense» y atribuir al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que su «prioridad sigue siendo la misma»: «mantenerla como sea».
La diputada del BNG ha ironizado con que «no se puede decir que la Comisión Galega de Competencia tenga una actividad frenética» y ha instado a su presidente a avanzar en los trabajos de la entidad porque «hay muchos temas que requieren una actuación urgente», por ejemplo en lo relativo a los centros especiales de empleo.
Asimismo, le ha atribuido un «uso partidista» por su posicionamiento sobre la ley estatal de vivienda, algo que ve «indecente», mientras que la popular Cristina Sanz Arias, por el contrario, ha felicitado al responsable por el «intenso trabajo», ha defendido la «transparencia» y ha recordado que la sentencia en el ámbito del transporte «no es firme».
En lo que tiene que ver con vivienda, López-Chaves ha replicado que no son «los únicos» que emitieron informe, y ha citado al Banco de España y a la agencia catalana en el campo de la competencia, que publicaron informes «muy crítico» y «muy duro», en sus palabras.
