La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y Unións Agrarias (que forma parte de UPA) han declarado este miércoles en el Tribunal Supremo en el caso iniciado por la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil), que interpuso en noviembre de 2022 una demanda para tumbar el artículo de la Ley de la Cadena Alimentaria relativo a que ningún ganadero pueda cobrar por debajo de los costes de producción.

Según explica UPA en un comunicado, la intención de las industrias lácteas es eliminar «la prohibición de la compra a pérdidas en cada eslabón de la cadena alimentaria», una medida denominada en la ley como «destrucción de valor de los productos». Fenil considera que pagar un precio por encima de los costes de producción es «contrario a derecho».

Por su parte, UPA defiende que es necesario «salvaguardar este punto clave de la Ley de la Cadena», pues evita que los productores perciban un precio inferior a sus costes.

Con la intención de demostrar su posición, UPA ha acudido este miércoles al TS para presentar documentación pericial, al igual que Fenil. La asociación de ganaderos ha explicado a Europa Press que su informe es «bastante extenso» y refleja detalladamente la situación que se vive en el sector y por qué es necesario mantener la prohibición de la compra a pérdidas.

UPA considera que la demanda de Fenil demuestra que esta medida de la Ley de la Cadena es una «de las que más molesta a los eslabones que han controlado la cadena alimentaria en las últimas décadas». Además, ha calificado de «deleznable» la iniciativa de Fenil.

Por parte de la asociación se ha explicado a Europa Press su intención de «defender los intereses de los ganaderos» en esta causa y han denunciado la situación que vive el sector lácteo, pues aunque la leche es un producto básico en la cesta de la compra en España, este es deficitario.

Por ello, «los ganaderos llevan décadas sufriendo una gravísima crisis de rentabilidad». De hecho, según los datos ofrecidos por UPA, en los últimos cinco años han cerrado más de 3.000 granjas ganaderas.

VALORACIÓN DE UNIÓNS AGRARIAS

Por su parte, el secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, ha reprobado la «actitud agresiva» de la industria al buscar «desmontar» la ley de cadena.

En declaraciones en Madrid, el secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, ha recriminado que «lo primero que llama la atención es que sea precisamente solo los empresarios lácteos, no de ningún otro sector, los que tratan de desmontar la ley que garantice cubrir costes de producción».

«Ponen en evidencia que su discurso de que son víctimas de la imposición de precios de distribución no es cierto. Ponen de manifiesto que prefieren que se impongan precios a distribución y que tengan manos libres para poder seguir haciendo contratos de adhesión en el sector ganadero. Ponen en manifiesto que su talento empresarial y su innovación para ganar dinero queda reducido solo a pagar menos por la leche y no en tratar de vender con mayor valor añadido su producto», expone.

De tal forma, el responsable de Unións Agrarias se queja de que «están cavando un pozo que los primeros en enterrar van a ser aquellas explotaciones que tengan que cerrar».

«Estoy convencido que entre la Abogacía del Estado y los servicios jurídicos vamos a poder acreditar hoy, aquí, en el Supremo que la ley que garantiza los costes de producción es buena para la economía», explica.

Reprueba que las industrias «no aprendieron de las sanciones impuestas con el cártel de la leche», por lo que «una vez que se confirme en la Audiencia Nacional» los más de 5.000 ganaderos de Unións Agrarias para presentarse en el juzgado mercantil.