Representantes del sector de la construcción y de los arquitectos en la comunidad gallega aseguran estar «preparados» ante lo que ven una «tendencia imparable», en relación al reto de que todos los edificios de nueva construcción sean de «cero emisiones» para 2028.

El pleno del Parlamento Europeo adoptó esta semana un proyecto para que todos los edificios de nueva construcción estén equipados con tecnologías solares para 2028, cuando sea técnicamente adecuado y económicamente factible, mientras que los edificios residenciales en proceso de renovación importante tienen hasta 2032.

En declaraciones a Europa Press, el gerente del consejo territorial de Galicia de la Fundación Laboral de la Construcción, Fernando García Novo, explica que este proyecto de la Eurocámara «responde a una tendencia imparable: la de mejorar la eficiencia energética de las viviendas».

La fundación laboral de la construcción, en la que se unieron la Confederación Nacional de la Construcción, CC.OO. del Hábitat y la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT, se presenta como clave en la formación de los profesionales.

Por su parte, la decana del Colexio de Arquitectos de Galicia, Elena Ampudia, destaca que sus colegas están «preparados para el reto» y la comunidad «bien posicionada porque se está haciendo un gran esfuerzo para que las ayudas» para mejorar la eficiencia energética de los edificios lleguen al mayor número de beneficiarios.

Para adaptarse a las nuevas exigencias, «no hay una solución estándar», advierte la decana, que apunta a los mayores espesores de aislamiento, pero también a sistemas de generación de agua caliente más eficientes y a la utilización de fuentes de energía renovables.

La directiva de 2012 relativa a la eficiencia energética señala que los edificios representan el 40% del consumo de energía final de la Unión Europea.

En esta directiva, la UE ya se marcaba la meta de conseguir un ahorro del 20% en el consumo de energía, apunta el gerente de la fundación laboral.

«Los cambios normativos reflejan esta tendencia desde hace muchos años, como el nuevo Código Técnico de Edificación, en el que se modifican al alza los valores mínimos de exigencia energética para encaminarnos hacia edificaciones con consumo energético casi nulo», incide.

A este código técnico alude también la portavoz de los arquitectos gallegos: «Viene desde 2006 adaptándose a las normativas europeas y desde hace años la tendencia es a proyectar edificios de consumo casi nulo», señala.

FALTA DE PROFESIONALES

Desde la industria de la construcción, por su parte, García Novo coincide en que «se está trabajando desde hace mucho tiempo para estar preparados ante esta nueva realidad, aunque preocupa la falta de profesionales, ya que este tipo de edificios requieren una mano de obra altamente cualificada».

El sector entiende que «la mejor vía para luchar contra el cambio climático y la crisis energética es disminuyendo la demanda porque, aunque hay energías renovables mucho más limpias que los combustibles fósiles, la energía más limpia es la que no se usa», subraya el gerente.

LA EUROCÁMARA

Esta semana, la posición de la Eurocámara fue respaldada por 343 votos a favor, 216 en contra y 78 abstenciones, mientras que los eurodiputados deberán iniciar ahora negociaciones con el Consejo para acordar la forma final del proyecto de ley.

Los edificios residenciales tendrían que alcanzar, como mínimo, la clase de rendimiento energético E para 2030 y D para 2033, en una escala que va de la A a la G, esta última correspondiente al 15% de los edificios con peor rendimiento del parque nacional de un país miembro.

Por su lado, los edificios públicos y no residenciales deberán alcanzar las mismas calificaciones para 2027 y 2030, respectivamente.

La mejora en el rendimiento energético, que puede tomar la forma de trabajos de aislamiento o mejora en el sistema de calefacción, tendrá lugar cuando se vende un edificio o se somete a una renovación importante o, si se alquila, cuando se firma un nuevo contrato.

Los estados miembros establecerán las medidas necesarias para lograr estos objetivos en sus planes nacionales de renovación y podrán decidir excluir de la normativa los edificios protegidos por su especial valor arquitectónico o histórico, los edificios técnicos, los edificios utilizados temporalmente, las iglesias y los lugares de culto.

Asimismo, podrán eximir las viviendas sociales públicas, donde las renovaciones darían lugar a aumentos de alquiler que no pueden compensarse con ahorros en las facturas de energía.