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Trabajadores de una fábrica de hormigón en Oroso denuncian «acoso laboral» y la empresa lo niega

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Trabajadores de Hormigones Carral denuncian «acoso laboral y represión sindical» en la fábrica que esta empresa tiene en Sigüeiro, Oroso (A Coruña). Por su parte, la empresa lo niega.

Por un lado, la central nacionalista CIG denuncia este «acoso laboral» y «la represión sindical a la que están siendo sometidos los trabajadores de la empresa por el simple hecho de reclamar que se respeten sus derechos laborales y por promover la celebración de elecciones sindicales en el centro de trabajo».

Por otro, fuentes de la compañía consultadas por Europa Press aseguran que esto es «totalmente falso» y limitan el conflicto a «tres o cuatro trabajadores» de una plantilla compuesta por ocho «que se han juntado y nada más».

«Estaremos en trámites judiciales», señalan estas fuentes de Hormigones Carral, que dan por hecho que «al final estas acusaciones acabarán en un juzgado», por ambas partes.

La CIG apunta que este jueves el personal realizó una primera concentración en Sigüeiro y denuncia los «incumplimientos laborales múltiples y cotidianos» de la firma.

Según asegura, «se trabaja una media de 10 horas diarias, solo se pagan las horas extraordinarias a partir de la novena hora (a siete euros sin cotizar), el personal solo goza, como máximo, de 15 días de vacaciones al año, no se respeta el calendario laboral, se trabajan sábados, domingos y festivos de convenio y los trabajadores tienen que estar a disposición de la compañía en todo momento».

Ante estos «abusos», la CIG indica que los trabajadores promovieron elecciones sindicales a través de su organización. «Pero lo que debería desarrollarse como un proceso normalizado dentro de las relaciones laborales, fue contestado por la empresa con amenazas de traslados a otras plantas de hormigón que tiene en Galicia y con amenazas de cerrar el centro de Sigüeiro», critica.

A este respecto, la empresa, consultada por Europa Press, apunta que «tiene los medios y las herramientas a nivel legal para poder organizar la empresa como quiera».

Según la CIG, «la empresa ahondó en su actitud represiva comunicando el traslado a tres trabajadores, dos de ellos a la planta de O Porriño».

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