La CIG ha reclamado una Galicia libre de eólica marina y ha denunciado los riesgos que esta supone para la continuidad de la actividad pesquera. Además, llama a participar en la protesta que tendrá lugar el próximo 11 de marzo ante la Delegación del Gobierno en A Coruña.
En un comunicado remitido a los medios, el sindicato nacionalista suscribe el manifiesto de la Plataforma en defensa da pesca e os ecosistemas mariños, que rechaza la aprobación de los planes de ordenamiento del espacio marítimo (POEM).
Así, la CIG pide la retirada del Real Decreto, que se respete la actividad pesquera y los ecosistemas y que se trabaje a todos los niveles para disponer de la información más ajustada para acometer la ordenación de los espacios marinos.
El sindicato, asimismo, avisa del «limitado» conocimiento científico que existe a día de hoy sobre la afectación que estas instalaciones tienen en los ecosistemas marinos y señala que en el «espíritu de la norma» esta actividad industrial está concebida como un fin en sí mismo.
La CIG considera que se profundiza en una concepción de la transición que «no corresponde a los principios de una transición ecológica justa, ni arregla los defectos estructurales del actual sistema», sino que apuesta por la producción intensiva y centralizada de la energía, por mantener los beneficios del lobby energético y por primar el interés privado sobre el público.
«Las grandes corporaciones empresariales son las que planifican y deciden, valiéndose de ingentes recursos públicos, limitándose los Gobiernos a ejecutar una transición energética cada vez más injusta social y territorialmente», critica el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril.
A este respecto, asegura que desde hace décadas, Galicia desempeña por «imposición política de Madrid», un papel de suministrador de energía eléctrica para el resto del Estado español y ahora está sometida a «un nuevo e intenso proceso de colonización energética que, si en el franquisimo destruyó los ríos, ahora va por las tierras, los montes y el mar».
La central nacionalista critica que «pese a los graves e importantes costes sociales y ambientales», Galicia no sacó ningún provecho de esta actividad y sigue sin poder contar con una tarifa eléctrica gallega que garantice un desarrollo económico, social e industrial que cree puestos de trabajo.
Por todo ello, considera que es necesario movilizarse para conseguir una Galicia libre de eólica marina y para reclamar un modelo energético justo y sostenible, que atienda a la energía como un derecho fundamental de la sociedad y de los pueblos para tener una vida digna, que ponga el interés social, el bien público y la protección de la naturaleza por delante del lucro y la especulación.
