La plusvalía municipal está implantada en un total de 112 ayuntamientos gallegos, el 35,8%, frente al 49,2% que representan los 3.740 del conjunto estatal.

Así lo refleja el documento ‘El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana: el problema inacabable de la financiación municipal’, que han presentado este viernes expertos de la Red Localis.

Esta red, de la que forman parte profesores e investigadores universitarios y profesionales del mundo local, urge a una reforma catastral de los inmuebles para mejorar los ingresos municipales.

Así, el profesor de la Universidade de Vigo Alberto Vaquero y el tesorero de la Diputación de Pontevedra Miguel Ángel Santirso han presentado el texto sobre el impuesto conocido como ‘plusvalía municipal’.

Bajo el prisma del «problema inacabable de la financiación municipal», los autores analizan el impacto económico y presupuestario de la nueva redacción de los artículos que regulan el impuesto.

Al respecto, han advertido de que es «complejo» por la «amplia casuística» de los potenciales hechos imponibles y por la existencia de un doble sistema de cálculo que dificulta determinar la incidencia final de la reforma.

Aunque se avanza en ajustar el impuesto a otros, como el IRPF que gravan las plusvalías reales, Alberto Vaquero y Miguel Ángel Santirso consideran que es necesario «ir más allá».

Indican que, si se quiere mantener este impuesto potestativo, es necesario mejorar la construcción de la base imponible y pensar en si las no sujeciones al impuesto son «las adecuadas».

«NO APROVECHADO»

Además, estos expertos consideran que existe «una importante capacidad fiscal no aprovechada» en este impuesto en Galicia. Y es que, según sus datos, solo está implantado en el 35,8% de los ayuntamientos (112), mientas que el porcentaje para la media estatal de ayuntamientos de régimen común es del 49,2% (3.740).

Por ello los investigadores de Red Localis aseguran que el impuesto presenta un «gran potencial» como instrumento financiero en las poblaciones de mayor tamaño.

Su implantación es muy distinta según las provincias, de modo que oscila entre el 13,4% de Lugo y el 14,1% de Ourense al 66,1% de los ayuntamientos de Pontevedra. Los ayuntamientos que aplican un mayor porcentaje son los de A Coruña y Pontevedra. Los que menos, Ourense y Lugo.

De ahí que los expertos consideren «urgente» una revisión catastral de los valores de los inmuebles para mejorar la capacidad fiscal de este impuesto y otros como el IBI.

«Una actualización permitiría detectar posibles bolsas de fraude y mejoraría la capacidad tributaria propia de la administración local», destacan.

En cuanto a la liquidación y recaudación del tributo. el estudio señala que existen «dificultades y costes añadidos». Los porcentajes de cobros de los impagados son «bajos» debida a la carencia de medidas legales adicionales al aseguramiento del pago del tributo distinto al propio procedimiento de apremio.

Por ello, los expertos recomiendan el diseño de una respuesta en relación con el impago. Proponen, en concreto, contar con algún tipo de afección del inmueble que se pretende transmitir. «Esta vía reduciría notablemente las altas cifras de ingresos no recaudados por este tributo», advierten.

También los autores apuntan hacia una simplificación de la gestión, además de una «imprescindible generalización» de convenios entre los ayuntamientos, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las agencias tributarias autonómicas.

Finalmente, en cuanto a los resultados en materia de recaudación tras la última reforma legislativa, resaltan que «no es posible evaluar correctamente su impacto», por lo que indican que habrá que esperar a contar con datos suficientes para su análisis.