El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde, ha alertado de un «aumento notable» de la ciberdelincuencia y ha abogado por la educación digital y la creación de herramientas que permitan «hacer frente a los peligros del ciberespacio».

En consonancia, el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes Pérez, ha informado de que en Galicia los delitos informáticos aumentaron en 2021 respecto al año anterior «un 94%».

Así lo han manifestado en la apertura de una jornada dedicada a analizar los retos de ciberseguridad y el fraude digital, organizada por Abanca, en colaboración con el TSXG y la Fiscalía Superior de Galicia.

El evento, celebrado este miércoles en la oficina principal de la sede de Abanca en A Coruña, cuenta con la participación de diferentes expertos de los ámbitos tecnológico, financiero, judicial y policial.

Díaz-Castroverde ha insistido, en el acto de apertura, en que la sociedad se enfrenta a «un incremento mayor cada vez» de este tipo de delitos y ha recalcado que «solo en el partido judicial de A Coruña entre enero y junio de 2022 se ha abierto casi un procedimiento al día sobre esta clase de ilícitos».

Los registros, según ha puntualizado, ponen de manifiesto que «se iniciaron 144 casos de este tipo», de los cuales «la mayoría, 114, son relativos a cargos de compras realizados por tarjetas que no son reconocidas por sus propietarios». Ha añadido que los expertos advierten de que los ciberataques «son más frecuentes de lo que revelan las estadísticas».

En consecuencia, el presidente del TSXG ha insistido en que foros como este, al que asisten representantes del mundo empresarial, judicial y de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, son «elementos esenciales para cortocircuitar y neutralizar este tipo de actividades». «Espero que esta jornada sea la primera de otras muchas que podamos desarrollar».

«EDUCACIÓN DIGITAL»

«Nuestra obligación es intentar proteger a la ciudadanía en esta sociedad cada vez más digitalizada, debemos apostar por la educación digital y proporcionar herramientas que permitan hacer frente a los peligros del ciberespacio», ha apostillado.

Respecto a la administración de justicia, Díaz-Castroverde ha asegurado que «necesita adaptarse» y ha planteado la posibilidad de modificar «algunos tipos penales» debido a que las formas de comisión de delitos «evolucionan rápidamente y son difíciles de perseguir».

SITUACIÓN EN GALICIA

Por su parte, el fiscal superior de Galicia ha coincidido en que los delitos informáticos «crecen día a día». En los últimos datos recogidos por la Fiscalía en la memoria de 2021, según ha señalado, en la comunidad gallega «aumentaron un 94%» y en concreto, los delitos contra la propiedad supusieron «la parte más importante, un 85% del total».

Suanzes ha puntualizado que «la estrella de este tipo de delitos es específicamente el fraude informático, algo que se reinventa cada día con nuevas fórmulas y nuevos mecanismos». Asimismo, ha explicado que la delincuencia informática, además de afectar a bienes jurídicos como la propiedad o el orden socioeconómico, repercute «de forma muy importante» a la intimidad.

Respecto a los delitos relacionados con la libertad sexual, ha recalcado que «ascendieron más de un 60%» y ha subrayado la afectación a los menores, «un colectivo especialmente vulnerable al acoso a través de las redes que lleva a niños y adolescentes a autolesionarse o incluso a quitarse la vida».

En su presentación, además, Suanzes ha recordado que la Fiscalía cuenta con una unidad especializada de criminalidad informática, herramienta «fundamental» contra estos ilícitos penales, «cuya lucha es una prioridad» para el organismo.

PONENCIAS

El director de gestión de prevención de pérdidas, continuidad de negocio y seguridad de Abanca, Roberto Baratta, ha destacado, en su ponencia, que lo «esencial» es potenciar la colaboración público privada en la persecución de este tipo de delitos.

«Una organización financiera como Abanca no solo está absolutamente involucrada sino que dedica ingentes cantidades de tiempo, esfuerzos y capacidades para luchar y para prevenir este tipo de actividades que lo que hacen es amenazar la propia digitalización y la propia provisión de los servicios financieros digitales», ha explicado. Para ello, ha añadido, el entorno judicial y policial es «absolutamente esencial».

Roberto Baratta ha insistido en la importancia de «reforzar» la confianza de los clientes, de los accionistas, del entorno, del regulador y «sobre todo» de la sociedad.

Según ha explicado, desarrollar las capacidades internas de Abanca para la prevención de los delitos y las amenazas relacionadas con la ciberseguridad y el fraude forma parte de las políticas «más estratégicas» de la entidad. Para ello, ha incidido en que la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con el elemento judicial es «fundamental» para ser capaces de trasladar «tranquilidad y confianza» .

Por su parte, el socio director de ciberseguridad de Deloitte, Rubén Frieiro, ha destacado, en su intervención, que la dependencia de la tecnología «es muy alta», lo cual convierte a la sociedad en «vulnerable». «Hay dos tipos de organizaciones, las que han sido atacadas y lo saben y las que han sido atacadas y no lo saben», ha apostillado.

Frieiro ha resaltado que las aseguradoras han registrado en el año 2021 que en España ha habido «más de 40.000 ciberataques al día». Una cifra que refleja «un incremento» respecto al anterior, año en el que la pandemia transformó la manera de trabajar a modo «en remoto» lo que supuso un aumento «notablemente evidentemente» este tipo de amenazas.