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Greenalia recurre las medidas cautelares contra los eólicos en Campelo y Bustelo, paralizados por el TSXG

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La empresa Greenalia, a la que la Xunta le concedió la autorización administrativa para llevar a cabo los parques eólicos de Campelo y Bustelo, ha decidido recurrir las medidas cautelares de suspensión decretadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Según explica en un comunicado de prensa, esta decisión de recurrir se basa en la «existencia de datos contrastables, aportados a través de diferentes informes elaborados por entidades independientes».

La entidad promotora de los proyectos afirma que, de este modo, se da respuesta a una de las argumentaciones dadas por el TSXG, acerca de la ausencia de «aportación de documento o dato alguno que avale la imperiosa necesidad de contar con el nuevo parque, ni siquiera por la incidencia que viene produciendo la menor entrada de gas con ocasión de la guerra en Ucrania». «La medida cautelar se establece sin que los demandantes hayan demostrado los supuestos riesgos para el medio ambiente, es decir sin que justifiquen el periculum in mora de la medida», añade.

Para esta promotora, «es difícilmente justificable la aplicación de este instrumento jurídico basado, en este caso, en la protección del medio ambiente cuando la ejecución del proyecto cuenta con evaluación ambiental favorable por parte del organismo competente y, sin embargo, no hay ningún documento que acredite eventuales perjuicios medioambientales».

Greenalia avisa de que «no se ha aportado prueba, si quiera indiciaria, de que el medio ambiente esté en riesgo de sufrir perjuicios irreversibles» y afirma que el auto tampoco entra a valorar el riesgo, mientras que ambos proyectos cuentan con declaración de impacto ambiental positiva.

La entidad también señala que los autos «no han valorado los efectos positivos» a nivel medioambiental, económico y social, ni el «impacto negativo» de no llevarlos a cabo. Así, Greelania justifica que son un instrumento de «mitigación de la crisis energética actual» y «elementos clave para cumplir los objetivos 2030» –España quiere pasar de 40% de EERR en 2020 hasta casi 80% en 2030–.

Además, añade que su desarrollo «es imprescindible para paliar a corto y medio plazo la dependencia de gas de terceros países». En este sentido, añade que la energía eólica permitió reducir la factura eléctrica el año pasado en 4.400 millones.

90.000 FAMILIAS

En este sentido, la puesta en marcha de ambos parques tendría una capacidad para producir energía verde equivalente al consumo de 90.000 familias, es decir más de 80% de la población de la Costa da Morte, a la vez que se evitarían más de 100.000 toneladas de CO2 a la atmósfera al evitar el consumo de energías fósiles, una de las principales causantes del cambio climático, según explica la entidad.

Para Greenalia, estas cifras se traducen en «beneficios ambientales, sociales y sanitarias», así como «numerosas oportunidades de empleo y desarrollo regional», especialmente en zonas rurales y aisladas, en regiones o territorios con baja densidad de población o afectados parcialmente por la desindustrialización.

Por tanto, en un contexto en el que se han puesto en marcha toda una serie de medidas a nivel nacional y europeo en materia de política energética y ambiental que exigen un mayor y más ágil despliegue de energías renovables en el horizonte 2030-2050 para acelerar la transición ecológica, Greenalia «entiende que la implantación de una medida tan gravosa y excepcional como el establecimiento de medidas cautelares sobre el parque eólico inaplicaría dichas recomendaciones, con todo lo que ello derivaría».

En conclusión, la firma considera que este recurso da respuesta a los argumentos cuestionados por el tribunal gallego, dado que el auto «no ha valorado los efectos positivos que la ejecución de los parques Campelo y Bustelo tendrá a nivel medioambiental, económico y social ni tampoco el impacto negativo que generaría su inejecución».

Cuestiones que, entienden, «tienen una dimensión de gran relevancia y generan pocas dudas en la situación de crisis energética actual, provocada en gran medida por la guerra de Ucrania».

Un conflicto con un fuerte impacto internacional que está ocasionando graves perjuicios a familias y empresas, que «solo se pueden solucionar eliminando la dependencia energética de terceros, reduciendo el consumo de combustibles fósiles implantando energías renovables como la eólica».

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