La Xunta adoptará medidas cautelares y muestra su «disposición a colaborar» después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) decretase la paralización cautelar de la construcción de otro parque eólico de la compañía Greenalia, en este caso proyectado en ‘Bustelo’, entre los municipios coruñeses de Coristanco y Carballo.

En respuesta a una interpelación del BNG, en el pleno, el vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, ha negado además «complicidad con las eléctricas» y ha rechazado que los nacionalistas hagan «ataques a empresas que son referente».

Y es que el diputado del Bloque Luís Bará ha acusado al Gobierno gallego de «abuso de poder» y «trato de favor» en una intervención en la que se ha referido a Greenalia como «la empresa de los portalones giratorios».

«Creo que debería comprarse un paraguas bien grande, un siete parroquias, no por el temporal que está cayendo sino por el vendaval judicial de sentencias que echan abajo la política eólica del Partido Popular», le ha espetado el parlamentario nacionalista al comienzo de su interpelación.

En este sentido, ha citado en concreto los parques proyectados para Oribio, Sasdónigas, Corme, Campelo, Bustelo y «Toural próximamente», antes de advertir de que «continuará, vendrán más» parques afectados por resoluciones judiciales.

«Son nombres que simbolizan el abuso, el expolio, la depredación, pero también la dignidad de una sociedad que es capaz de plantarle cara», ha subrayado Luís Bará.

En este sentido, ante el «mal» que «ya está hecho», al que ha denominado «ecocidio», ha resaltado que es la Xunta quien ha de responder: «Son ustedes quienes lo tienen que reparar», ha incidido.

«EJEMPLO DE LIBRO DE FRAGMENTACIÓN»

Bará ha apuntado a «muchos proyectos promovidos por Greenalia, la empresa de los portalones giratorios», para reiterar que la justicia ha decretado «la suspensión cautelar» de Bustelo y Campelo «y próximamente saldrá la de Toural».

Son, según ha recalcado, «un ejemplo de libro de fragmentación de un único parque en tres». «Son las mismas poligonales una sobre la otra», ha llamado la atención. «Ciento diez megavatios divididos en tres para pasar el dromedario por el ojo de la aguja», ha insistido.

Asimismo, ha expuesto que «la suspensión cautelar» se adopta «por la misma razón por la que se decretó la de Corme». «Hicieron una modificación legal para reducir el plazo de 30 a 15 días, cosa que fue declarada ilegal por el TSXG porque es una vulneración de los derechos de los ciudadanos a la participación», ha dicho.

En esta línea, ha denunciado «trato de favor a Greenalia» y ha asegurado que «esta empresa utilizó información privilegiada de la Xunta» referida a informes sobre especies.

Además, «la señora Mato –la exconselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato– se sentaba en los Consellos de la Xunta, participó en la tramitación (…) por tanto no podría ser consejera de Greenalia», ha afirmado.

MÁS DE 2.400 INFORMES EN DOS AÑOS

Por su parte, Conde, que ha cifrado en más de 2.400 los informes en relación con proyectos eólicos que emitió la Xunta en los dos últimos años, ha respondido que la Xunta va a respetar las decisiones judiciales y ha mostrado su disposición a colaborar con la justicia.

Así, ha añadido que fue lo que el Ejecutivo autonómico «hizo» con Oribio en octubre de 2019, con Sasdónigas y Corme. «Y lo haremos también con los de Campelo y Bustelo, adoptando las medidas cautelares», ha resuelto.

«VIVEN EN SU BURBUJA NACIONALISTA»

Mientras, en su respuesta, el vicepresidente económico de la Xunta ha pedido «un poco más de mesura» al diputado del BNG y ha acusado a su partido de entender que «la verdad es la suya». «Quieren imponer su modelo eólico y lo demás está fuera de la ley, pero no es así», le ha advertido.

«Lo único que es cierto es que el BNG sí está instalado en el ecologismo radical y el BNG es el abanderado de esa plataforma Stop Eólicos», ha añadido a renglón seguido.

En esta línea, le ha reprochado estar «permanentemente detrás de la pancarta negando que Galicia pueda avanzar a través de un equilibrio entre el progreso y el medio ambiente».

Conde ha reivindicado el cumplimiento de la normativa y ha agregado que «los promotores saben que tienen que cumplir», cuestiones como que está «prohibido» instalar parques en Red Natura.

Ha recordado que el Gobierno gallego impuso una moratoria «para tramitar con máximas garantías 300 expedientes» y amplió las distancias límite entre aerogeneradores y núcleos de población, además de dar «prioridad a aquellos proyectos que al menos el 50% de la energía la dediquen a industria asentada en Galicia».

«Viven en su burbuja nacionalista y todo lo que traspase esa burbuja no existe», le ha espetado, antes de aclarar que «tramitar no significa autorizar, significa ser una administración que cumple con la legalidad». «Declarar de especial interés tampoco significa autorizar», ha remachado.