La secretaria xeral de Industria, Paula Uría, ha vuelto a pedir este martes al Gobierno central que sea «sensible» a la realidad de las empresas electrointensivas y que siga los pasos dados en otros países para facilitar un menor impacto del coste energético, además de reiterar la importancia de «coordinar la política eólica».

«Hemos pedido al Gobierno que flexibilice los plazos para poder evaluar de forma correcta el impacto ambiental de los proyectos eólicos», ha manifestado, en el marco de la comisión parlamentaria que debate asuntos en materia de industria, en una pregunta formulada por la popular Marta Nóvoa.

Uría ha remarcado que, si no se atiende a la extensión de estos plazos, no solo están «en peligro» las inversiones de energía renovable, sino también la «viabilidad» de empresas eléctricas, ya afectadas por el alza de las tarifas eléctricas. Y ha incidido en que debería «facilitar» los contratos PPA (Power Purchase Agreement –contratos de compraventa de energía a largo plazo–) porque son «un avance».

De hecho, en el caso concreto de Alcoa, que ha citado, ha cerrado recientemente un PPA para el suministro de energía de la planta de San Cibrao con Endesa.

No es la primera vez que la Xunta incide en esta petición. De hecho, el propio vicepresidente primero y conselleiro de Economía, Francisco Conde, ya ha pedido al Ejecutivo central ampliar los plazos de tramitación recogidos en el real decreto estatal para desbloquear los proyectos eólicos pendientes y evitar la caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red.

La secretaria xeral se ha pronunciado en la misma línea y ha incidido en que es necesario tramitar proyectos que estén «maduros» y «sin mermar las garantías emdioambientales y de transparencia». Por ello, ha reiterado que es preciso «flexibilizar» los plazos.

«POLÍTICA ERRÁTICA»

Más allá, si Nóvoa en su pregunta había alertado del «momento crítico» que viven varias empresas a causa del alza del precio de la electricidad –con paradas de producción o cierres–, la alto cargo de la Xunta ha corroborado la cuestión y ha añadido que, además, no solo las empresas electrointensivas de la comunidad sufren por la coyuntura, sino que el «grave problema» se ha «extendido» al resto de la industria y a las familias.

«Todo deriva de una política energética errática», ha aseverado, antes de solicitar al Ejecutivo estatal que sea «sensible» y que «haga todo lo que esté en su mano» para «salvar» a la industria electrointensiva.

Como ejemplo, le ha instado a adoptar medidas que sigan los pasos de países que, además, suponen una competencia para España, como son Alemania o Francia.

Así, tras reprobar también un estatuto electrointensivo «insuficiente» y al margen de insistir en la «flexibilización» de plazos para evaluar el impacto ambiental de los proyectos eólicos y facilitar la firma de contratos PPA «como hace la Xunta», ha pedido, entre otras cuestiones, el incremento de las ayudas por los costes de emisión de CO2 –del 75% al 100%– y activar mecanismos de interrumpibilidad.