La Confederación Intersindical Galega (CIG) ha rechazado la subida salarial para el personal público «pactada por detrás» entre el Gobierno y los sindicatos CC.OO. y UGT debido a que, a su juicio, provocará una «grave pérdida de poder adquisitivo» para los trabajadores.

En un comunicado, la organización sindical ha indicado que este pasado lunes se celebró una reunión de la Mesa General de las Administraciones Públicas en la que la propia secretaria de Estado de Función Pública reconoció reuniones celebradas «por detrás» con dichos sindicatos estatales, «ignorando a organizaciones sindicales que, como la CIG o ELA, forman parte de la Mesa y tienen la consideración de más representativas».

En este sentido, el representante del Área Público de la CIG en la Mesa, Luís Carballo, ha reclamado que las negociaciones regresen a los organismos institucionales creados con tal fin y ha rechazado los acuerdos conseguidos con CC.OO. y UGT.

Por ello, ha afeado que un Gobierno «que se denomina de izquierdas y obrero actúe de forma mafiosa, negociando al margen de los canales establecidos para el diálogo social, sin contar con todos los agentes con representación en las mesas».

Así, Carballo ha denunciado que la propuesta de subida salarial para funcionarios, avalada por CC.OO. y UGT, «no recoge siquiera la pérdida de poder adquisitivo que ya está consolidada en 2022, de cerca del 10% a un trimestre de acabar el año». Además, ha explicado que el 9,5% de subida que publican diversos medios «incluye el 2% que se cobra desde enero y varias cláusulas condicionantes».

Junto a esto, el sindicalista ha subrayado que la subida acordada para los años 2022-2024 no llega a contemplar la inflación de precios de este año. Para explicar este argumento, ha indicado que el Gobierno y sindicatos proponen para 2022 un incremento del 3,5%, que incluye el 2% ya aplicado desde enero y al que se le sumará en diciembre un pago único del otro 1,5%. «Ya este año el personal al servicio de las administraciones perderemos un 5,5% de poder adquisitivo», ha lamentado.

Entre otras reclamaciones, Carballo ha solicitado que cada administración goce de plena autonomía «para dar solución a sus propias demandas de personal y poder ofrecer así unos servicios públicos y de calidad a la ciudadanía».

Junto a esto, ha trasladado otras cuestiones en materia laboral, como la movilidad interadministrativa, la reivindicada jornada de 35 horas o el teletrabajo.