Cantabria, Asturias, Galicia, País Vasco y Andalucía apoyarán y se sumarán al recurso que el Ministerio de Pesca del Gobierno de España prevé tras el veto de Bruselas a la pesca de arrastre en zonas protegidas del Atlántico Nororiental, al considerar que es una decisión «injusta», adoptada «en contra» del reglamento de aguas profundas y sin contar con informes «actualizados», y «a sabiendas» de ello incluso

Por eso, los consejeros del ramo de estas cinco comunidades autónomas respaldarán el recurso que el ministro Luis Planas ha anunciado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europa, por entender que el reglamento publicado el pasado 19 de septiembre y que entrará en vigor el 9 de octubre contiene «fallos», tanto en «la forma» como en «el fondo».

Así lo han expresado este viernes en Santander, en una rueda de prensa conjunta, el responsable de Pesca de Cantabria, Guillermo Blanco (PRC), su homóloga gallega, Rosa Quintana, y la de la Junta andaluza, Carmen Crespo, tras una reunión en la que también han participado el viceconsejero vasco de Pesca, Bittor Oroz, y el director general del Principado, José González, entre otros.

El encuentro, celebrado a petición de la conselleira do Mar de la Xunta, ha reunido en la capital cántabra a los portavoces de pesca de los territorios afectados por el reglamento de la Comisión Europa por el que se cierran 87 zonas del Atlántico Nororiental a la pesca de fondo, también de Portugal, Francia e Irlanda. El objetivo de la cita ha sido fijar una postura común y coordinada con la del Ministerio, para que reclame la suspensión y revisión del reglamento.

El asunto se debatió este pasado lunes en la capital comunitaria en una conferencia sectorial en la que se instó al comisario europeo del ramo precisamente a suspender y revisar el texto en cuestión, a lo que hizo «oídos sordos», según la lamentado Blanco, que ha pedido que no se «atropelle» al sector.

FRENTE COMÚN

El también titular de Desarrollo Rural, Ganadería, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria se ha mostrado convencido de que el Ministerio recurrirá la decisión de la UE -«a mí no cabe ninguna duda», ha dicho- y ha destacado al respecto que las cinco comunidades españolas afectadas apoyarán «sin ambages» el recurso ante el TJUE, al que además sumarán sus aportaciones.

Al hilo, ha destacado el «frente común» en defensa del sector extractivo por parte de estas cinco regiones y a pesar de las diferencias políticas, pues las competencias pesqueras son gestionadas por distintos partidos: PNV, PP, PSOE y PRC. «Esto no es un tema de colores», sino de «sentido común», ha subrayado el regionalista.

«Hoy estamos todos unidos para hacer un frente común por esta causa, y desde aquí ofrecemos nuestro apoyo al sector para no cesar en la lucha y al Ministerio como representante ante la Comisión», ha enfatizado Blanco, después de mostrar preocupación por ver cómo la política medioambiental va poco a poco imponiéndose a la agraria y pesquera, sin tener en cuenta el valor del sector primario ni las consecuencias socioeconómicas que su destrucción puede tener sobre los territorios afectados.

«Nadie desea más un medio marino sano y productivo que el sector que depende de sus recursos y las administraciones que velamos por ellos, pero la conservación del medio ambiente marino no se puede hacer en detrimento de la actividad pesquera, entendida ésta en el marco de la sostenibilidad y el desarrollo medioambientalmente duradero», ha valorado Blanco.

POR SORPRESA Y CON MALA FE

Por su parte, la consejera gallega se ha quejado de la que la decisión europea «nos cogió a todos muy por sorpresa», según ha dicho, ya que además se ha publicado «sin más» revisión, votación o consulta, en lo que ha resumido como «un acto de mala fe».

De ahí el apoyo «unánime» al Estado y al Ministerio de cara a la presentación del recurso anunciado, «de palabra y de firma», ya que los consejeros están dispuestos a buscar argumentos con los que complementar el alegato de España al veto europeo.

Quintana ha criticado que el reglamento de Bruselas se asienta en informes científicos d 2011, sin aportar estudios de impacto socio-económico. Por eso cree que «existen razones» como para que el comisario europeo «recapacite» y dé una moratoria al sector para que pueda así terminar la campaña de Navidad y salvar el año.

«Vamos a defender al sector porque consideramos que es una actividad muy importante que va más allá del aspecto económico, sino que también tiene una gran capacidad para producir alimentos y que desde el punto de vista medioambiental es muy respetuosa y sostenible», ha apostado la consejera del Mar.

DECISIÓN INJUSTA Y A SABIENDAS

En similares términos se ha expresado Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de Andalucía, para quien la Comisión Europea ha actuado de modo «injusto» y «a sabiendas» además de no contar con los estudios necesarios para decidir una prohibición de «ese calibre».

Crespo ha añadido que «va en contra del reglamento europeo que regula las aguas profundas en Europa», pues decisiones sobre extracciones por debajo de los 400 metros de profundidad corresponden a los países miembro, no a la Unión.

Además, ha enfatizado el esfuerzo del sector, también desde el punto de vista medioambiental, pues los pescadores son precisamente los primeros interesados en tener los caladeros «en las mejores condiciones», y considera que ese esfuerzo y el socioeconómico también se ha de tener en cuenta.

Ha detallado que en Andalucía el veto afecta al 25 por ciento de la flota, que son unos 125 barcos y 600 armadores, y ha abogado por unas «reglas de juego claras» y por «poner pie en pared» ante la situación pesquera de los países miembro de la Unión.

«Queremos disfrutar de un medio marino sostenible y los pescadores, los primeros, se esfuerzan cada día por cumplir a rajatabla lo que marca Europa para tener los caladeros en las mejores condiciones posibles», ha expresado.

En la reunión también han participado la directora general de Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, Marta López; el director general de Pesca del Gobierno vasco, Leandro Azkue, y el director general de Pesca y Acuicultura de la Junta de Andalucía, José Manuel Martínez.