El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha reiterado que España necesita «un gran pacto de Estado» sobre «los servicios de cuidados» que, entre otras cosas, además de «universalizar según qué servicios», «requiere de considerar en serio la dignificación de las condiciones de trabajo y el reconocimiento de las competencias que tienen estas personas para ejercer su labor».
En declaraciones a los medios antes de reunirse en Santiago de Compostela con delegadas del sector de ayuda a domicilio, Sordo ha demandado también «planes de formación permanente» para que «mejoren sus competencias» y con «condiciones salariales dignas».
Para el secretario general de Comisiones, gran parte del problema de estas trabajadoras tiene que ver con «el concepto de externalización» que en sectores como este «vienen teniendo las administraciones públicas en los últimos años».
«Lo que no puede ser es que la administración siga licitando los servicios de ayuda a domicilio a precios que impiden una negociación salarial en condiciones. La administración pública tiene una responsabilidad social y no puede licitar con precios temerarios que evitan salarios de dignidad en sectores como el de la ayuda a domicilio», ha insistido.
Por eso, ha emplazado a la «responsabilidad del Gobierno y del resto de administraciones», ya que, ha continuado, «en España hay una ley de contratos públicos que hoy en día impide que las subidas del salario mínimo o de los convenios se repercuta a los precios de licitación y desde los precios de licitación a los salarios de los trabajadores».
Sobre esto, ha señalado que se trata de una dinámica que se había hecho para «ahorrar dinero» y desde «una perspectiva de precarización de servicios» y ha instado a «romperla».
CONVENIO COLECTIVO
En esta misma línea, Sordo ha advertido a las empresas que «no se escuden en trampas y excusas para evitar el cumplimiento de los convenios colectivos».
En este sentido, ha insistido en que si el convenio colectivo recoge la necesidad de revalorizar los salarios con el IPC, «hay que revalorizarlos con el IPC».
«Las leyes hay que cumplirlas, pero hay que cumplirlas todas y también las leyes que marcan los convenios colectivos, que para eso tienen el rango que tienen», ha reivindicado.
Así, ha asegurado que CC.OO. «va a mantenerse en esa posición», aunque, «más allá de la negociación del convenio», ha hecho un llamamiento «a la responsabilidad de las administraciones públicas» con las trabajadoras y también «con los usuarios de los servicios de ayuda en el hogar» que, ha añadido, «como tantos otros servicios muchas veces acaban teniendo un servicio de menos calidad porque no se quiere gastar dinero en ese servicio».
En esta misma línea se ha expresado la secretaria general de CC.OO de Hábitat de Galicia, Alejandra Gesto, que ha expuesto que el sindicato «no va a permitir la pérdida de poder adquisitivo de las trabajadoras de ayuda en el hogar».
«No va a haber convenio si no se asegura una cláusula que garantice que las cientos de mujeres que hay en Galicia prestando estas labores en los hogares tengan unos salarios dignos y acordes a la prestación que hacen todos los días en nuestras casas», ha insistido Gesto.