El Pleno del Congreso ha avalado este jueves prorrogar durante 2023 la suspensión de las reglas fiscales por la crisis energética y de precios desencadenada por la invasión rusa de Ucrania, por lo que será el cuarto año consecutivo en el que las administraciones no estarán sujetas a objetivos de déficit, deuda y gasto.

La suspensión de las reglas fiscales supone que no existen objetivos de estabilidad y que estos son sustituidos por tasas de referencia de déficit, con la previsión de que el déficit conjunto de las administraciones públicas se situé en 2023 en el 3,9% del PIB, frente al 5% de 2022.

Desagregada por subsectores, las comunidades autónomas contarán con un mayor margen de gasto respecto al contemplado en el Programa de Estabilidad de abril, pasando del 0,1% a una tasa de referencia del 0,3%, dos décimas que serán asumidas por la Administración central (del 3,4% al 3,2%). Para las entidades locales esta tasa será un superávit del 0,1% del PIB, mientras que para la Seguridad Social será del 0,5%.

En la votación para apreciar si existe una situación de excepcionalidad que justifique esta suspensión han votado a favor el PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Ciudadanos, el PNV, EH-Bildu, Más País-Equo, Coalición Canaria, el PRC y Teruel Existe. En contra han votado Vox y Foro Asturias, mientras que han decidido abstenerse el PP, Junts y la CUP.

Esto permite a España seguir acogiéndose a la cláusula de salvaguarda permitida por la Comisión Europea y dejar de aplicar los objetivos de déficit, gasto y deuda. Se trata del cuarto año consecutivo sin reglas fiscales, aunque en esta ocasión no será a raíz de la pandemia de Covid-19, sino por la crisis energética y de precios desencadenada por la invasión rusa de Ucrania.

Junto a esta votación, el Gobierno ha informado al Congreso del límite de gasto no financiero de 2023, dando así el pistoletazo de salida para los próximos Presupuestos Generales del Estado. El nuevo techo de gasto alcanza un nuevo récord, con un límite de 198.221 millones de euros, un 1,1% más que el año pasado.

PRIMER PASO DE LOS PGE

En su intervención, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha apelado al PP a abandonar la «toxicidad política» y salir del «catastrofismo, el negacionismo y obstruccionismo» que, ha dicho, «no es proyecto de país». Por ello, ha pedido respaldo parlamentario para mantener una suspensión de las reglas fiscales «necesaria» y equivalente en otros países de la Unión.

Y a los socios dispuestos a continuar su alianza en los próximos Presupuestos, asumiendo que la votación no supone «un cheque en blanco» para las nuevas cuentas, les ha instado a «abrir una senda de diálogo» para enmendar y mejorar las nuevas cuentas.

Por el PP, la exministra Elvira Rodríguez ha reconocido la situación de excepcionalidad, pero ha advertido que esto «no da a pie a eludir todas las normas fiscales», y ha lamentado que desde julio no se hayan actualizado las previsiones pese a materializarse todos los riesgos.

Pese a ello, ha anunciado su abstención, por no compartir «lo que entienden por salvaguarda» en el Gobierno, «a lo que les obliga y que no cumplen». «Y cuando llegue el Presupuesto, continuaremos», ha dicho.

Sin embargo, el PSOE ha censurado esta abstención, señalando que al necesitar mayoría absoluta para lograr el aval de la Cámara, «su abstención es un ‘no'», ha espetado Montse Mínguez, portavoz presupuestaria del PSOE. Mínguez ha reprochado a los ‘populares’ que «no tienen sentido de Estado, porque no tienen responsabilidad de Gobierno».

Más cautos respecto a la expansión del techo de gasto han sido el PNV y el PDeCAT, recordando que la subida apenas es poco más del 1%, con una tasa de inflación prevista muy superior, pero en todo caso Idoia Sagastizabal (PNV) ha instado a aprovechar la mayor flexibilidad que brinda Europa en forma de inversiones.

PODEMOS AVISA DE UNA RECESIÓN SI NO SE TOMAN MEDIDAS

El debate ha dado pie a reflexiones acerca de las normas fiscales, que ya tenían pendiente una reforma antes de la pandemia para flexibilizarlas, pero también a cómo abordar la situación de emergencia, con la reforma fiscal y la necesidad de contar con nuevos ingresos de fondo.

Txema Guijarro, de Unidas Podemos, ha lamentado el «tiempo precioso perdido» tras rechazarse su gravamen a grandes fortunas y ha advertido que, de no corregir con políticas redistributivas la caída de salarios por la inflación y la contracción de la economía por la subida de tipos, la inversión y el consumo caerán «a plomo»: «Iremos todos de cabeza a una recesión económica de consecuencias imprevisibles», ha dicho.

Por ERC, Joan Margall ha exigido al Gobierno «valentía» para acometer políticas expansivas y gravar a grandes patrimonios y rentas en una reforma fiscal, aliviando también a pymes y clase trabajadora, mientras que Bildu ha pedido a Hacienda «que esté a la altura» y «acuda con actitud abierta y receptiva» a la negociación presupuestaria.

María Muñoz, de Cs, ha avalado la suspensión porque así lo hace la Unión Europea, pero ha recordado que esta excepcionalidad llegará a su fin y ha pedido vigilancia y disciplina, ante la posibilidad de afrontar dificultades cuando vuelvan a entrar en vigor las normas.

Por otro lado, tanto Vox como Foro Asturias han justificado su voto en contra por el rechazo a las políticas económicas del Gobierno, anticipando además un empeoramiento de las perspectivas por la situación de la deuda tras la crisis y el encarecimiento de los tipos.

AIReF AVALA QUE SE DAN LAS CIRCUNSTANCIAS

También solicitó un informe a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que consideró que sí concurren circunstancias excepcionales para mantener activa la cláusula de escape, como consecuencia de la crisis energética y la incertidumbre por la guerra de Ucrania.

En todo caso, la AIReF recuerda al Gobierno la obligación legal de realizar un plan de reequilibrio y recomienda al Ministerio de Hacienda que establezca una estrategia fiscal nacional a medio plazo que sirva de orientación fiscal y garantice «de forma realista y creíble» la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas.