El Pleno del Congreso debate este martes una proposición no de ley del BNG que exige al Gobierno simplificar y armonizar la tributación de pensionistas retornados ante las dificultades que a su juicio encuentra este colectivo a la hora de realizar sus declaraciones fiscales.

La propuesta de esta formación es agilizar y simplificar la deducción de doble imposición internacional en el IRPF y otorgar un tratamiento equitativo respecto a la obligación de declarar, estableciendo un límite de 22.000 euros anuales independientemente de que sea a través de distintos pagadores.

Asimismo, plantea el reconocimiento automático de las declaraciones de invalidez o discapacidad emitidas en el extranjero para el acceso a deducciones o bonificaciones fiscales, y avanzar en unos criterios o un sistema armonizado de reconocimiento a nivel comunitario.

REQUISITOS CON UN COSTE SUPERIOR INCLUSO A LA DEVOLUCIÓN

En su iniciativa, la formación representada en el Congreso por el diputado Néstor Rego critica que a los emigrantes retornados, para evitar la doble imposición, se les exige aportar justificaciones de pagos realizados en el extranjero traducidos, con un coste en ocasiones incluso superior al importe de la devolución solicitada.

Asimismo, al no haberse practicado la retención en la hacienda extranjera al realizar la declaración en la española, el contribuyente debe solicitar una rectificación a posterior para descontar el importe retenido en el extranjero, unos «trámites gravosos», dice el BNG, «que no atienden al principio de eficacia administrativa».

FALTA DE REGULACIÓN Y SATURACIÓN EN LOS ORGANISMOS

Por otro lado, critica el «trato fiscal injusto» al que, asegura, están sometidas las personas receptoras de pensiones de invalidez, por la falta de un marco que regule claramente su reconocimiento y la saturación de las administraciones encargadas del procedimiento.

«Esta situación hace que muchas personas pensionistas que deberían estar disfrutando de exenciones y beneficios fiscales por su invalidez o grado de discapacidad reconocido en el extranjero, se encuentren sufriendo un trato fiscal injusto», asevera, proponiendo un reconocimiento automático de estas situaciones una vez estén reconocidas en otro país, sobre todo cuando forme parte de la Unión Europea.