La CIG promoverá una recogida de al menos 2.500 firmas para llevar una proposición no de ley (PNL) al Parlamento gallego que solicite a la Xunta la recuperación de los acuerdos retributivos del personal del Servizo Galego de Saúde (Sergas) que fueron «suspendidos» desde 2010 y que «no se recuperaron».

Así lo ha explicado el secretario nacional de CIG-Saúde, Manuel González Moreira, en una rueda de prensa en Santiago en la que ha detallado que se trata de que la Administración devuelva el «complemento específico» establecido a finales del 2008, en virtud de un acuerdo con el bipartito de PSdeG y BNG, y que supuso una media de «200 euros» por profesional.

«Con la llegada del PP al gobierno, fue suspendido», ha lamentado Moreira, puesto que en 2010, a través de la ley de los presupuestos de la Xunta para ese año, se eliminó la «aplicación de los pactos o acuerdos que supongan incrementos retributivos», tal y como consta en el texto, que lo justifica con las «circunstancias económicas excepcionales» que había entonces.

La CIG-Saúde entiende que ahora se debe restablecer el mencionado complemento porque «la situación económica cambió» y «el marco legal hay que respetarlo», ya que «desde 2017 o 2018 ya hay indicadores» que apuntan a una superación de la crisis financiera. Por eso, ha insistido su secretario nacional, la suspensión de este pacto retributivo «no está justificada».

Asimismo, Moreira ha recordado que el Gobierno gallego ha alcanzado «acuerdos de mejoras retributivas y de condiciones laborales para el personal de la Administración», pero «no» fue así con los trabajadores del Sergas.

NEGOCIAR EN MESA SECTORIAL A PARTIR DE JUNIO

El texto de la PNL que el sindicato tratará de llevar a la Cámara busca instar a la Xunta a negociar en la Mesa Sectorial del Sergas un calendario de recuperación de estos acuerdos, que se haría «en más de un ejercicio presupuestario» para no entorpecer el «equilibrio financiero» de la Comunidad.

Además, la iniciativa reclama que la negociación arranque en junio de 2022 y concluya «en la mayor brevedad posible para que los presupuestos del año 2023 recojan la primera anualidad de rehabilitación de los derechos suspendidos».

Como tercer punto, la PNL pide que el eventual acuerdo al que se llegue en la Mesa Sectorial sea ratificado en el primer Consello de la Xunta que se celebre a continuación, para así posteriormente sea publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

UN OBJETIVO DE 5.000 FIRMAS

La idea de la CIG-Saúde, tal y como ha indicado en rueda de prensa su secretario nacional, es que esta iniciativa llegue al Parlamento para ser debatida en junio, para lo cual se necesitan al menos 2.500 firmas. Eso sí, el «objetivo» es llegar a las 5.000.

En este contexto, la organización solicitará también una reunión con los tres grupos con representación en la Cámara autonómica –PPdeG, BNG y PSdeG– «para explicar el porqué» y para «pedirles su defensa (la de la PNL) como propia».