La CIG exige a los gobiernos español y gallego la adopción de medidas de intervención pública en la economía ante el desmesurado incremento de la carestía de la vida, debido a los descontrolados precios de la electricidad, de los combustibles, de los alimentos y de muchos bienes de consumo básicos.

En un comunicado remitido a los medios, el sindicato nacionalista considera que estas medidas son imprescindibles para combatir una situación económica y social «extrema», que tiene un impacto «brutal» en las clases populares.

La CIG señala que el mercado eléctrico en el Estado español es el único de la UE en el que la última tecnología en entrar en el pool es la que marca el precio, que después repercute en todos los consumidores y consumidoras.

Por ello, entiende que es necesario acometer reformas «profundas, amplias e integrales» en el sector para «fijar una tarifa eléctrica que pueda garantizar una vida digna y el desarrollo de una actividad económica, social e industrial que cree puestos de trabajo y que permita el desarrollo de un proyecto de vida».

La central sindical considera que existen mecanismos legales para hacerlo y propone que se fije un precio de referencia para que el precio final de consumidores domésticos y profesionales, que tienen una potencia contratada entre los 10 y los 15 kw/hora, oscile entre los 10 y los 60 euros por megavatio hora. Una medida con una duración de 24 meses, revisable trimestralmente, hasta la estabilización de los preicos de los últimos años.

Además, la central nacionalista reivindica una tarifa eléctrica gallega, modificar el sistema tarifario limpiando la factura de todos los cargos, una rebaja general en el precio de la electricidad retirándola del pool, así como el control y límite del beneficio obtenido, entre otras cuestiones.

Para garantizar el acceso a los combustibles, la CIG apunta, además, la necesidad de que el Gobierno español fije un precio máximo de gasolina y diesel para paliar los altos precios de los combustibles, con una duración de seis meses, mientras no se estabilicen los precios y no se avance en una solución fiscal justa.