El «sobrecoste» de la dispersión para Galicia ronda los 520 millones anuales, más del doble de lo que aporta el sistema de financiación, en cuyo diseño esta variable representa un peso del 0,6%, y cuyo impacto –«singular», además, en la Comunidad gallega– está, a juicio del Gobierno que dirige Alberto Núñez Feijóo, «claramente infravalorado».

Así lo ha expuesto el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, en una comparecencia en el Parlamento que cierra la ronda de cargos y expertos citados en la comisión activada para contribuir a apuntalar una postura gallega en el marco de la reforma del sistema de financiación. El «objetivo irrenunciable» de la Xunta será, en consecuencia, mejorar la ponderación de esta y otras variables (envejecimiento, por ejemplo) que permitan una financiación más acorde con el coste real de los servicios.

La visión de la Xunta, a través del máximo responsable de Facenda, ha llegado al Pazo do Hórreo tras el paso por la Cámara de otros expertos que también han puesto el foco, entre otras variables, en la dispersión, y ha transcurrido en una sesión en la que también han trasladado la postura de sus grupos el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy; así como la parlamentaria socialista Begoña Rodríguez Rumbo; y la portavoz del BNG, Ana Pontón.

En su turno, Pontón ha afeado inconcreción en la exposición del conselleiro, y ha lamentado que «solo dejase claro» que el Ejecutivo que lidera Alberto Núñez Feijóo «no tiene modelo de financiación» para Galicia o bien «no lo explica en sede parlamentaria». Enfrente, ha formulado una serie de pruestas encaminadas a «avanzar en la soberanía financiera», entre ellas ampliar hasta el 90% el porcentaje de cesión del IVA y del IRPF.

Pontón, quien ha insistido en que la posición del Bloque pasa porque Galicia «tenga el control del 100% de sus recursos a través de un concierto económico» (vía que la Xunta ha rechazado de forma reiterada), también ha instado a «reclamar el impuesto de sociedades, que tributen aquí las empresas que tienen actividad productiva aquí, y avanzar en una fiscalidad verde para luchar contra la emergencia climática».

Por su parte, Rodríguez Rumbo ha lamentado que el Gobierno de Feijóo «use la autonomía fiscal para rebajar impuestos a las rentas altas» en vez de destinar los recursos a «reforzar y blindar» los servicios públicos, y ha reclamado que la Xunta presente en el Parlamento las alegaciones remitidas a Madrid en el marco del plan para reformar el modelo de financiación autonómica.

Puy ha coincidido con el conselleiro en subrayar que «lo que claramente es un factor diferencial» en Galicia es la dispersión. «El envejecimiento también, pero es un factor diferencial que disminuye conforme la tendencia al envejecimiento se generaliza en el resto de las comunidades», ha matizado el portavoz popular, antes de recalcar que «la clave» está en la ponderación adecuada del coste de los servicios prestados, extremo que comparten también BNG y PSOE.

CASUÍSTICA ESPECÍFICA DE GALICIA

En su intervención, Miguel Corgos ha defendido que el impacto de la dispersión en Galicia «no tiene comparación en ningún otro territorio de España» y ha recalcado que esta variable «la singulariza» en España, ya que es un factor exclusivo que la diferencia de otras comunidades, aunque la «acerca» a Europa.

Además, ha explicado que el hecho de que Galicia tenga la mitad de todos los núcleos de población de España hace que la prestación de los servicios públicos comporte una mayor necesidad de gasto que en ningún otro territorio.

A modo de argumento, ha destacado que el peso del número de centros de salud que tiene Galicia es más del doble que su población, que tiene un 10% más de docentes por alumno o que es la Comunidad que más gasta en transporte escolar.

Y en este punto, el conselleiro ha mostrado su desconfianza hacia la propuesta planteada de forma inicial por el Gobierno central, ya que percibe que hay «una cierta discrecionalidad en la definición de variables que están encaminadas a modular, de alguna forma, el peso de la población ajustada». Por ejemplo, ha aludido a la densidad de población y a la despoblación como elementos «redundantes» que buscarían diluir el peso de la dispersión.

DUDAS SOBRE EL MOMENTO

Ha recordado que, en 2009, cuando se aprobó el modelo actual en un escenario marcado por la crisis económica, Galicia se opuso por varias razones, una de ellas el insuficiente peso de la dispersión y una ponderación «excesiva» de la población. Además, ha recordado que «por primera vez se quebró el principio de la nivelación total de recursos» –que la Xunta reivindica– y se apostó por «una estructura confusa de fondos» que integran el sistema.

Y en relación al contexto para la reforma actual, convencido de que es preciso que «haya el mayor consenso» porque no es óptimo que el modelo se reforme sin el acuerdo de «un amplio conjunto» de comunidades, ha manifestado sus dudas acerca de que el momento sea propicio. A juicio de la Xunta, «la estabilidad política» es clave, como también la «económica», y la pandemia de la covid suma elementos de distorsión.

UN MODELO CON SUFICIENCIA GLOBAL

Y en detalle, el conselleiro ha destacado que la revisión del sistema debe «garantizar un modelo con suficiencia global», con un reparto en base a una variable que refleje el coste de los servicios en cada territorio y que, con una «nivelación total», debe permitir capacidad fiscal y aportar «simplificación, transparencia y estabilidad».

Para la Xunta, es esencial que el sistema «garantice la autonomía fiscal». Galicia, ha recalcado Corgos, «aspira a seguir ejerciendo su autogobierno, que es la mejor garantía de una autonomía financiera efectiva».

Galicia también propone «eliminar fondos para simplificar el sistema»; transparentar el acuerdo y los resultados del modelo, con «una lealtad institucional efectiva» y con una «capacidad de control efectivo «por las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF); la participación de Galicia en la gobernanza de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

También ha destacado la importancia de que el sistema que se cierre garantice «una financiación estable a lo largo del tiempo».

PONENCIA

Finalizadas las comparecencias, en el marco de la Comisión se procederá a estudiar la documentación y a trabajar para articular un informe llamado a contribuir a reforzar la postura de Galicia en el marco de este debate estatal.

Este miércoles ha quedado conformada la ponencia que se encargará de continuar las labores del órgano parlamentario y que integrarán como titulares Pedro Puy (PP), Noa Presas (BNG) y Begoña Rodríguez Rumbo (PSdeG). Como suplentes estarán la popular Lupe Murillo, Ana Pontón por el BNG y el socialista Juan Carlos Francisco Rivera.