El presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda, Julio Ransés Pérez Boga, considera que la Agencia Tributaria (AEAT) necesita de una reforma «integral» para convertirla en una organismo adaptado al siglo XXI.
«La situación de hace 40 años no es la misma que ahora. A pesar de los esfuerzos para modernizar la Agencia Tributaria, aún está pendiente un plan para convertirnos en una Agencia Tributaria del siglo XXI», ha instado Julio Ransés Pérez durante la inauguración del XXI Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, que se celebra esta semana en Vigo.
El presidente de la asociación ha recordado que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluye componentes relacionados con el sistema tributario, como en lo que se refiere a medidas sobre imposición medioambiental, una cuestión que «no se puede demorar», según Ransés Pérez, ante el importante reto que supone.
También ha querido hacer mención a la atención a la lucha contra el fraude fiscal a través de la actuación a nivel internacional, con la aplicación del mínimo del 15% del Impuesto de Sociedades para las multinacionales, así como desde el ámbito nacional, con la aprobación de una ley para este fin y con la modernización de la Agencia Tributaria.
AUMENTO DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA
En este sentido, ha insistido en la necesidad de mejorar estos puntos, ya que los datos reflejan que, comparando datos de 2021 y 2019, la economía sumergida ha subido un 2%. «Debemos tener mejores estructuras», ha insistido el presidente, tras apuntar a que el fraude fiscal es «muy dinámico» y requiere de más medidas que complementen la ley contra el fraude ya aprobada.
Ransés Pérez también ha hecho mención al comité de expertos que en febrero de 2022 deberá tener redactado un informe de propuestas para reformar el sistema tributario español. A ello seguirá, según ha anticipado el presidente de la asociación, un debate público hasta que el Gobierno implemente, en base a las conclusiones de los expertos, un sistema tributario más eficaz eficiente que tendrá como objetivo pagar el sostenimiento de gastos públicos y el estado de bienestar.
