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El tercer plan de rescate elimina la salvaguarda del empleo al estar la Xunta «atada» por el decreto estatal

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El borrador en el que trabaja la Xunta para el tercer plan de rescate de autónomos y empresas frente a la crisis de la covid no incorpora la cláusula de salvaguarda del empleo –la que vincula la percepción de ayudas con que se mantengan los puestos de trabajo durante un periodo de tiempo mínimo–, que sí estaba presente en los dos primeros documentos.

Esta circunstancia ha sido criticada este lunes por los líderes de UGT y CC.OO., José Antonio Gómez y Ramón Sarmiento, al término de una reunión con la conselleira de Emprego, María Jesús Lorenzana, en el seno del diálogo social.

Antes de reunirse con representantes de los autónomos, Lorenzana ha explicado que si el borrador no incluye esta cláusula es porque la Xunta está «atada» en este ámbito por lo que establece el decreto estatal, que sí explicita la vinculación de las ayudas con el mantenimiento de la actividad, pero no con el de los empleos.

UGT y CC.OO. han avisado de que será necesario una modificación de la orden para que cuente con su aval, al considerar que la comunidad autónoma tiene margen para añadir este elemento.

TRASLADARÁ LA DUDA A HACIENDA

Por su parte, la conselleira ha apuntado, a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, a la conferencia sectorial de trabajo prevista para este miércoles en Madrid, donde se ha comprometido a «hacer valer esta pretensión» que trasladaron las organizaciones sindicales, al tiempo que planteará la «duda de si es posible» añadirlo al Ministerio de Hacienda.

En cualquier caso, ha remarcado «que quede claro» que «no es la Xunta, es el Gobierno» el que no incorpora esta cláusula de salvaguarda del empleo, sino la de mantenimiento de la actividad.

«La comunidad está atada por lo que establece el estado» y «el problema» sería «ponerlo» en el desarrollo del decreto estatal a través de una orden de la comunidad autónoma y que esta «pierda los fondos».

CRITICA LA CANTIDAD «RIDÍCULA»

Por su parte, tras criticas a la cantidad «ridícula» que corresponde a Galicia de los fondos estatales para estas ayudas –234 millones de euros–, la responsable de Emprego ha dicho estar en disposición de empezar con su distribución en mayo.

«Si los fondos llegan este mes, vamos a poder sacar la orden. Lo importante es el trabajo previo, consensuar estos extremos, aclarar si el desarrollo tiene cabida dentro del texto del real decreto», ha apuntado.

En este momento, según sus datos, está pagado más del 85% de los fondos del segundo plan de la Xunta, porcentaje que se alcanzó el pasado sábado. Entre el primero y el segundo, ha recordado, suman unos 200 millones de euros.

CNAE, RESERVA Y ADELANTO DEL 80%

Así las cosas, el Gobierno gallego avanza «tratando de afinar» los «elementos más problemáticos» del decreto estatal, en primer lugar el relativo a los CNAE, que son los códigos con que se identifica a los beneficiarios de las ayudas.

«El decreto configuraba unos restringidos y con la modificación se permite a las comunidades aumentarlos a otros sectores afectados especialmente por la pandemia», ha explicado María Jesús Lorenzana.

En este sentido, ha señalado que la Xunta está proponiendo como criterio «extender las ayudas a todas las empresas que muestren pérdida de facturación, tal y como se hizo en los otros dos planes de rescate».

Pero, para que esto «no deje fuera o perjudique a autónomos o empresas pequeñas», ya que «los millones que vienen son muy limitados en relación al presupuesto total del estado» y aquí «se está hablando de cualquier tipo de empresas y las ayudas pueden llegar a 200.000 euros», el Ejecutivo también está tratando de «pactar una reserva de los créditos a favor de autónomos y microempresas».

Por último, trabaja en una «simplificación en la convocatoria» frente al sistema «absolutamente complejo tanto para empresarios y autónomos como para las comunidades», que implica «justificar bajada de facturación y gastos a los que se van a aplicar» las ayudas.

Para ello, apunta a otro «sistema de declaraciones responsables» y por «ver las posibilidades de hacer un anticipo de al menos el 80%» de las ayudas, puesto que «con el mecanismo del estado es imposible el pago automático de la subvención».

Los fondos por ahora «no están transferidos ni se sabe el momento en que se van a transferir», ha indicado Lorenzana. De este modo, se ha quedado por no tener «ninguna información» y porque «lo único que se hizo fue remitir el convenio para colaborar en la información fiscal una vez las ayudas estén en marcha».

En cuanto al nivel de consenso en el diálogo social, la conselleira ha reivindicado que en «la filosofía» hay acuerdo con UGT y CC.OO., al margen de la discrepancia en cuanto a la incorporación de la salvaguarda del empleo, que la conselleira ha comprometido plantear en Madrid.

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