El Parlamento gallego ha pedido ampliar el plazo de alegaciones al proyecto de orden de los nuevos precios eléctricos y de los pagos por capacidad, a través de una proposición no de ley del PP, que contó con el apoyo del BNG y el rechazo del PSOE.
En concreto, la Cámara autonómica, según el texto aprobado en la comisión de industria y energía, insta a la Xunta a solicitar al Gobierno central que atienda las alegaciones hechas por el Ejecutivo autonómico a ese proyecto de orden, con precios y pagos que resultan de aplicación a partir del 1 de junio.
Así, reclama ampliar el plazo de alegaciones «para que los agentesinteresados puedan analizarlo en profundidad y formular alegaciones con rigor, dada la importante incidencia que tiene su articulado en la economía de las familias y en la competitividad de las empresas».
También solicita ampliar el derecho de poder acogerse al precio voluntario al pequeño consumidor hasta potencias iguales o inferiores a 15 kW para el consumidor doméstico.
En tercer lugar, pide realizar estudios de facturación de energía eléctrica con los perfiles de consumo habituales de los hogares y de las empresas de los sectores industrial y servicios, para conocer el impacto económico «real» de los nuevos cargos y peajes en la factura de electricidad «como paso previo» a la aprobación de los cargos del sistema eléctrico que se realicen.
El cuarto punto requiere, con el objetivo de impulsar la eficiencia energética y el autoconsumo, que se conceda «más peso específico» al término de energía que al de potencia.
Todavía a través de un quinto apartado, la iniciativa aprobada reclama la realización «con suficiente antelación» a la puesta en marcha de las nuevas tarifas de campañas informativas que ayuden al consumidor a facilitar la toma de decisiones para hacer un consumo más eficiente.
AUMENTO DE LA FACTURA
A mediados de marzo, la CIG, que también presentó alegaciones a esta orden que establece los precios de los cargos y peajes que se aplicarán a partir del 1 de junio, advirtió de que los hogares gallegos «podrían ver incrementada la factura anual de la luz hasta en un 34%».
La CNMC elaboró este proyecto de orden al que la CIG presentó alegaciones para pedir su retirada y «que se reconsideren los peajes y los cargos de las nuevas tarifas para no penalizar, sobre todo, el consumo doméstico».
