La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha respondido a la Xunta, mediante una carta, que no considera que la Ley de Cambio Climático «vulnere la seguridad jurídica» ni que sea «inconstitucional». Así, lanza un mensaje «tranquilizador» a la industria del mar en relación con la concesiones, al tiempo que pide al Gobierno gallego no generar una «falsa sensación de alarma» que contribuye al «desconcierto» del sector.
Este miércoles, la conselleira do Mar, Rosa Quintana, ha anunciado que la Xunta recurrirá al Tribunal Constitucional la Ley de Cambio Climático si se aprueba con su actual redacción este jueves, 8 de abril, en su tramitación en el Congreso.
Esta norma está envuelta en una polémica a dos bandas entre el Gobierno central y la Xunta por su supuesta afectación al sector conservero e industrial del litoral gallego y, en concreto, a la situación de empresas como Ence en Pontevedra.
Hace tres semanas, las conselleiras de Mar y Medio Ambiente, Rosa Quintana y Ángeles Vázquez, remitieron una misiva a Ribera en la que mostraban su preocupación por este asunto. La Xunta considera que esta nueva ley «pone en riesgo» el futuro de las empresas situadas en la costa del sector mar-industria.
En respuesta, en una carta con fecha de 7 de abril –a la que ha tenido acceso Europa Press–, Teresa Ribera se refiere al polémico punto 4 del artículo 18 de la nueva ley, de forma que indica que «establece que 75 años es el plazo máximo de posible duración» de concesiones, «incluidos tanto su tramo inicial, tras el otorgamiento, como todas sus posibles prórrogas».
Con todo, la ministra expone que, «nada obsta que, concluido ese plazo máximo de 75 años, pueda solicitarse una nueva concesión». Igualmente, deja claro que «ese artículo no será objeto de aplicación retroactiva», al contrario de lo que afirma la Xunta, con base en sendos informes de su asesoría jurídica y el Consello Consultivo de Galicia.
Ribera opina que esos 75 años «se trata de un plazo ciertamente prolongado y podría pensarse que generador de cierta falta de concurrencia competitiva, tan necesaria para cualquier sector económico». «Sin embargo, no puede negarse que cumple la legislación estatal de patrimonio y que está alineado con la jurisprudencia del Tribunal Supremo», agrega.
«Espero haber ayudado a disipar sus dudas y a que comprendan que ninguna familia gallega, ni de ningún otro lugar de España, que desarrolle actividades respetuosas con el medio ambiente y con la legislación vigente deben sentir preocupación por el contenido del artículo 18 de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética», concluye la carta de la ministra de respuesta a las conselleiras.
CIFRAS
Además, en esa carta, con ánimo «tranquilizador», la vicepresidenta cuarta del Gobierno aporta una serie de datos de las 133 instalaciones industriales amparadas por concesiones de ocupación del dominio público marítimo terrestre susceptibles de prórroga extraordinaria en Galicia.
Así, explica que 45 concesiones deben «entenderse vencidas» al no haber sido solicitada su prórroga, pero «sin perjuicio de que pueda solicitarse para esos usos una nueva concesión». Además, hay 39 aún en plazo de pedir la prórroga, aunque aún no lo han hecho.
Por su parte, son 49 las prórrogas concesionales que han sido solicitadas: 29 ya se han otorgado, 18 están en tramitación, una ha decaído al haber renunciado su titular y otra se ha denegado, «por decisión de la Xunta, no de este Ministerio».
INTERPRETACIÓN DE LA XUNTA
Al respecto de esta carta, la Xunta ha emitido un comunicado, en la tarde de este miércoles, en el que interpreta que estas palabras de Ribera suponen que «la finalidad del artículo 18.4 de la Ley de cambio climático es la de eliminar la prórroga extraordinaria de todas las concesiones en la costa».
En opinión de la Xunta, Teresa Ribera «reconoce que con la nueva norma se pretende prescindir de la actual regulación de la prórroga extraordinaria, con lo que los 75 años de esta extensión se computarían desde la fecha inicial de la concesión en lugar de hacerlo desde la solicitud de la prórroga, tal y como permite la Ley de Costas para todas las concesiones anteriores al año 2013».
«Por lo tanto, la ministra admite que a todas las concesiones en el litoral, tanto las que ya tienen su prórroga extraordinaria concedida como las que pueden aún solicitarla, se les reducirá el tiempo correspondiente», apunta la Xunta.
Junto a esto, el Gobierno gallego afea que Teresa Ribera menosprecia los dictámenes de la Asesoría Jurídica de la Xunta y del Consello Consultivo de Galicia al afirmar que no va a considerar ningún juicio de valor previo a la aprobación de la ley «lo emita quien lo emita».
En contraposición, el Ministerio traslada a Europa Press que «la Xunta interpreta erróneamente la carta de la vicepresidenta». «En esta carta en absoluto se hace referencia a la eliminación la prórroga extraordinaria, simplemente porque no se elimina», asevera.
«A lo que se hace referencia es al plazo de 75 años como la máxima duración total posible de las concesiones (incluido plazo inicial y todas sus prórrogas), sin perjuicio de que, una vez finalizado éste, pueda solicitarse una nueva concesión», insiste el Ministerio para la Transición Ecológica.
