Gestores Administrativos de Galicia ha alertado de que un elevado número de trabajadores que estuvieron en Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) durante 2020 estarán obligados a presentar la declaración de la renta, y que a muchos les saldrá a pagar.

En un comunicado, los gestores gallegos han avisado de que este año «la información fiscal facilitada por la Agencia Tributaria presentará más inexactitudes que en años anteriores», por lo que prevén que «más del 97% de los borradores» van a tener incorecciones «que le pueden salir caras al contribuyente».

Según ha indicado la corporación, que agrupa a casi 600 colegiados, algunas de las situaciones que pueden ocasionar más problemas son las de aquellos trabajadores en ERTE que se hayan reincorporado al mercado laboral y que hayan estado cobrando la prestación «de forma indebida» o aquellos que no han recibido la prestación o que cobraron una cantidad inferior o superior a la que les correspondía.

Y es que los asalariados sujetos a un expediente de regulación de empleo por covid-19 han tenido «al menos dos pagadores» –el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) está considerado como segundo pagador–, por lo que el límite para estar obligado a presentar la declaración no será de 22.000 euros, sino de 14.000 euros –se exceptúan aquellas rentas abonadas por el segundo pagador que no superen los 1.500 euros–.

La corporación ha señalado además que, en un número elevado de casos, el SEPE no ha retenido sobre las cantidades percibidas o, de hacerlo, han sido cuantías mínimas, «por lo que el déficit de retenciones generará cantidades a ingresar».

INGRESO MÍNIMO VITAL

El Colegio Oficial de Gestores también ha advertido sobre la obligatoriedad de los ciudadanos que han estado percibiendo el Ingreso Mínimo Vital (IMV) de presentar la declaración, tanto por parte del beneficiario como de los miembros de su Unidad de Convivencia.

Esta obligación se establece independientemente de las cuantías ingresadas y de que las percepciones por IMV estén total o parcialmente exentas. «Todo esto puede generar problemas al afectar a un sector de la población que no está habituado a estas obligaciones fiscales», ha indicado el colegio.

Por su parte, la presidenta de la corporación, Pilar Otero, ha aconsejado a los gallegos que «revisar las deducciones» a las que podrían optar como la del 15% sobre la rehabilitación de inmuebles en centros históricos, con un límite de 9.000 euros; o la del 10%, con un límite de 600 euros, para aquellos contribuyentes de 65 años en adelante que tengan una discapacidad del 65% o más y que necesiten la ayuda de terceras personas.

Pilar Otero también ha indicado que los importes de la deducción por familia numerosa «se duplican cuando alguno de los cónyuges o descendientes a los que sea aplicable el mínimo familiar tenga un grado de discapacidad igual o superior al 65%, fijándose en 500 u 800 euros según la categoría de familia numerosa». Si no alcanzan dicho grado, la deducción será de 250 euros si es de categoría general y 400 euros si es especial.

Además, desde el Colegio han recalcado que hay múltiples factores a tener en cuenta a la hora de tributar –cuotas sindicales, planes de pensiones y compra o alquiler de vivienda habitual, entre otros–, por lo que han insistido en «la necesidad de cotejar la información fiscal en cada caso y evitar cometer errores que siempre tienen un coste fiscal para el contribuyente».