La Asociación pola Defensa da Ría (APDR) ha presentado denuncia en el Juzgado de Instrucción de Guardia de Pontevedra contra el presidente de Ence, Ignacio de Colmenares y Brunet, por sus recientes palabras sobre la situación de peligrosidad de las instalaciones de la fábrica de Lourizán.

La denuncia fue presentada este miércoles día 3 de marzo y, según informa al presidente de la APDR, Antón Masa, se centra en dos cuestiones fundamentales, la primera de ellas en el hecho de haber intentado «chantajear repetidamente a un alto cargo del Gobierno».

En concreto, la APDR considera de «suma gravedad» que Ignacio de Colmenares acuda hasta siete veces a reunirse con el Secretario del Estado para que modifiquen un texto legal que «estuvo en exposición pública», por lo que Ence «pudo alegar lo que considerara oportuno».

«Pretender cambiar un texto legal mediante la presión a los órganos del Gobierno no es admisible en un Estado democrático, e incluso puede que se trate de un hecho delictivo», ha considerado.

El otro punto se refiere a la situación de la planta y a la peligrosidad que supone la falta de inversión para solucionar sus carencias.

La APDR denuncia que, a pesar de conocer su estado y que «puede derivar en un episodio ambiental de gravedad, con afectación a las personas», la empresa decide no invertir y poner «en riesgo el medio ambiente, las vidas de los trabajadores y la población del entorno».

«Decidir no hacerlo si no se garantiza la permanencia de la empresa en Lourizán más allá del 2033 es optar, de forma deliberada y consciente, por atentar contra el medio ambiente y la integridad física de las personas, un hecho que calificamos de extrema gravedad y que puede tener implicaciones penales», añade Masa.

«SOLO CABE ACTUAR»

La asociación le da credibilidad a lo manifestado por Colmenares cuando dice que la caldera de recuperación de Ence no cumple con los mínimos exigibles de seguridad para el medio ambiente y para las personas y se pregunta por la validez de las certificaciones medioambientales publicadas por la empresa.

«En esta situación solo cabe actuar para evitar que ese riesgo grave existente llegue a provocar ese ‘susto mayúsculo’ del que habla el señor presidente y que incluso puede afectar a las personas», justifica el colectivo ecologista.

A la vista de estos hechos, desde la APDR solicitan la incoación de las diligencias previas para investigar y depurar las responsabilidades penales que se puedan derivar de los hechos denunciados y que se cite a Ignacio de Colmenares para prestar declaración como imputado.

GRABADO «ILEGALMENTE»

Ante la denuncia presentada por la asociación, ha empresa ha emitido un comunicado en el que defiende que el complejo de Ence en Pontevedra «es totalmente seguro», como avala la certificación de Aenor que «acredita el cumplimiento de la norma internacional ISO 45.001 por parte de la planta, por su robusto sistema de gestión de la seguridad».

«De hecho, los índices de seguridad de Ence Pontevedra son, año a año, diez veces mejores que los de la industria en España», añaden desde la empresa, que recuerda que la planta es inspeccionada «periódicamente -con resultados satisfactorios- por organismos de control autorizado por la Administración del Estado» en los diferentes ámbitos de aplicación de la reglamentación de seguridad industrial.

Ence reitera que el extracto de la intervención del CEO de la empresa, cuyas manifestaciones son objeto de esta denuncia, fue «grabado ilegalmente» y «no debe ser descontextualizado», sino que «debe entenderse como parte de unas palabras dirigidas internamente al conjunto del equipo humano de la empresa».

«Este extracto, de cerca de cuatro minutos de duración, es parte de una intervención de más de tres cuartos de hora. Estas palabras, sacadas de su contexto, no reflejan el sentido ni el significado de las citadas declaraciones, que sí quedaron adecuadamente explicadas en el conjunto de la intervención», defienden.

La empresa asegura que la seguridad de la planta «no se pone en duda en ningún momento en la citada intervención» y se alude, únicamente, «a las molestias que el olor puede suponer puntualmente para las personas del entorno próximo a la instalación».

El comunicado añade que, «minutos antes», el CEO se había referido a la necesidad de «seguir mejorando día a día el comportamiento medioambiental de las plantas de Ence, por respeto al entorno» y a las comunidades».

«En el caso de Pontevedra, había mencionado la necesidad de seguir mejorando el comportamiento oloroso de la biofábrica. En este sentido, añadía, los equipos que más recorrido de mejora tienen son la caldera de recuperación y caustificacion».

DEFENSA DE LA INVERSIÓN

«Estos equipos», añade, son «absolutamente seguros y, prueba de ello, es que la compañía goza del reconocimiento High Risk Protected por la más prestigiosa compañía de seguros norteamericana, especialista en celulosa».

La empresa defiende que las inversiones ejecutadas en esta instalación desde el año 2016, de 132 millones de euros, «garantizan la seguridad absoluta» de la planta.

«Solo a doce años vista, de aquí a 2033, y en el caso de que no se pudieran realizar las inversiones necesarias por no contarse con la necesaria seguridad jurídica para ello, la empresa se vería obligada a cerrar la planta ya que, en todo momento, debe operar con total seguridad».