La mayoría absoluta del PP en el Parlamento de Galicia ha permitido la aprobación definitiva este martes de la nueva ley de simplificación administrativa y reactivación económica, con la que la Xunta pretende impulsar la implantación de iniciativas empresariales tras la pandemia de la covid-19.

La norma ha contado con el voto en contra de los dos grupos de la oposición –BNG y PSdeG–, que han coincidido en acusar a los populares de «vaciar» lo público y de «ningunear» no solo a ellos, sino también a los agentes del Consello Económico e Social (CES) y a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

Eso sí, durante la votación de enmiendas, las posturas de nacionalistas y socialistas han sido divergentes, ya que se han apoyado mutuamente en varias de ellas, pero se han abstenido en el resto. En cualquier caso, la mayoría de los populares las ha tumbado todas.

Esta nueva ley, anunciada por la Xunta pero registrada por el PP en el Parlamento –como se ha vuelto habitual en los primeros meses de esta nueva Legislatura–, busca agilizar y facilitar la tramitación de los fondos europeos en los proyectos tractores, reducir burocracia y rebajar impuestos, especialmente en zonas rurales y despobladas.

Además, incluye otras medidas que han sido constantemente criticadas por la oposición, como la posibilidad de que las iniciativas sean aprobadas si transcurren tres meses sin que la Xunta emita el informe preceptivo, o la redacción de los dictámenes ambientales por parte de «entidades de colaboración» –sin perjuicio de las competencias de la administración, según matiza el texto–.

«ABRAZO DEFINITIVO» DEL PP A LA «DESREGULACIÓN»

En todo ello ve la diputada del BNG Noa Presas «un caballo de Troya para que la llamada reactivación económica se traduzca en un modelo consistente en el feudalismo de las grandes empresas y en el vaciado del sistema público».

Durante el debate, la nacionalista ha reducido la ley al «abrazo definitivo del PP y de la Xunta a la desregulación económica» y a un «modelo depredador», con la pandemia como «coartada». «Es un paso más en una hoja de ruta que va en contra de los intereses de este país y de una salida justa y gallega de la crisis», ha resumido.

Presas también ha censurado el «atropello democrático» que supone la tramitación de esta ley, al no haberse aceptado «ni una» de las 128 enmiendas presentadas por el Bloque y al haber sido registrada en la Cámara por el Grupo Popular y no desde el Ejecutivo autonómico.

Con esta modalidad, según ha afeado la diputada del BNG, «evitaron pasar la ley por el Consello Económico Social porque sabían que no iba a contar con su apoyo», a lo que se suma el «rechazo» de la Fegamp porque el texto pretende «sortear» a los ayuntamientos en la implantación de iniciativas.

En lo que respecta a los proyectos tractores que se beneficiarán de fondos europeos, Presas ha recordado que una de las enmiendas de su grupo pedía «algo tan básico» como que se votasen en el Parlamento. «Que van a poder hacer ustedes lo que quieran, que tienen ustedes (el PP) la mayoría, pero por lo menos algo de transparencia y de diálogo para esa hoja de ruta», ha añadido.

«NINGUNEA» AL CES

Por parte del PSdeG, que sí consiguió introducir enmiendas y acordar transacciones en comisión, Begoña Rodríguez Rumbo no ha entrado a cuestionar la capacidad del PP para presentar una iniciativa legislativa, pero ha cuestionado «las formas», ya que permitieron «eludir informes preceptivos de la asesoría jurídica y del CES», al que «ningunean».

«¿Consideran que los agentes económicos que forman parte del CES no tienen nada que aportar?», ha preguntado, para seguidamente lamentar que la proposición de ley, «poco trabajada» casi un año después del inicio de la pandemia, elude «los debates y la búsqueda de consensos».

Asimismo, Rodríguez Rumbo ha aseverado que el texto «reconoce el fracaso de la política económica de la Xunta» y, para corregirlo, ha sugerido como mayor «información y acompañamiento» a las empresas, una administración «más moderna» y «eficiente», una comisión «paritaria» para colaborar con los ayuntamientos y dotar al Consello de Contas de la potestad de «fiscalizar» la reactivación. Todo ello en las enmiendas finales que serían rechazadas.

«UN MOMENTO EXCEPCIONAL»

Frente a la postura de nacionalistas y socialistas, el secretario general del PPdeG y viceportavoz, Miguel Tellado, ha dicho tener la «sensación» de que la oposición «no sale a la calle» y que están «acostumbrados a vivir de lo público»: «No son conscientes de que la sociedad civil tiene iniciativas privadas que crean empleo».

«Estamos en un momento excepcional que requiere todo el esfuerzo y compromiso de la ciudadanía, pero también de las administraciones, que tienen que ser el apoyo para las actividades de las empresas, nunca un freno», ha explicado.

Por eso, Tellado ha valorado que la ley de reactivación profundiza «cambiar la cultura administrativa» para «eliminar duplicidades» y «agilizar» trámites, sin que ello –ha garantizado– signifique «disminuir garantías ni protección a otros valores fundamentales como el medioambiental, el cultural o el natural».

No en vano, Tellado ha defendido la potestad del Grupo Popular para presentar iniciativas legislativas otorgada por el Estatuto de Autonomía de Galicia y por el Reglamento del Parlamento, mientras ha señalado que el Partido Socialista gobierna España «a golpe de real decreto» y con «ataques permanentes» a la industria gallega.

«A nosotros (PP), los gallegos nos encargaron de gestionar dos pandemias: la sanitaria y la económica», ha recalcado finalmente, para lamentar que el BNG y el PSdeG «aún no entendieron ni asumieron el mandato de las urnas» en julio de 2020.

PROTESTA FRENTE AL PARLAMENTO

En torno a una hora después del debate de la ley de reactivación, han llegado a las inmediaciones del Pazo do Hórreo decenas de personas para participar en una protesta convocada por la Coordinadora por un Reparto Xusto dos fondos Next Generation, que solicitan la retirada de la ley por «ahondar aún más en la depredación del territorio gallego».

A este grupo, concentrado frente al Parlamento, se ha referido durante el debate Noa Presas (BNG), quien ha señalado a los populares que tienen a la «sociedad civil» en contra de la nueva norma.

Sin embargo, Tellado le ha respondido que detrás del mismo grupo está el propio «holding nacionalista» del Bloque, que busca caminar «hacia la autarquía gallega». En este contexto, el popular ha acusado a la oposición de ser «negacionistas» de «cualquier posibilidad de recuperación» económica.