La declaración del estado de alarma tras el estallido de la pandemia de coronavirus en marzo de 2020 provocó una caída del 78% en las irregularidades detectadas por el servicio público de empleo de Galicia, según datos de la administración autonómica a los que ha tenido acceso Europa Press.
En concreto, los expedientes iniciados en relación con el procedimiento de demanda de empleo alcanzaron los 690 durante el año 2020.
El estado de alarma significó una bajada «notable», según destacan fuentes de la Consellería de Emprego consultadas por Europa Press, ya que las irregularidades detectadas pasaron de 612 hasta el 13 de marzo de 2020 a las 78 contabilizadas a partir de esa fecha, lo que supone ese descenso del 78,2%.
Esto supone que casi el 89% de los expedientes, esos 612 de los 690, se iniciaron en esos primeros setenta días del año, antes de la crisis sanitaria de la covid.
DESTACA LUGO TRAS EL 13-M
Por provincias, antes del 13 de marzo de 2020, los expedientes se concentraron en A Coruña, con 305. Le siguieron Pontevedra y Lugo, con datos parejos (130 y 121, respectivamente) y más de lejos Ourense se situó con 56.
Después de esa fecha, el servicio público de empleo detectó 51 irregularidades en Lugo, más que en las otras tres provincias juntas: 13 A Coruña, 10 Ourense y cuatro en Pontevedra.
POR LA RENOVACIÓN AUTOMÁTICA
¿A qué se debió esta caída desde el 13 de marzo? A que la causa más habitual para iniciar estos procedimientos es el no mantenimiento de la inscripción como demandante de empleo de los usuarios de las oficinas de empleo (en torno al 98% de los casos, según la consellería), pero la Xunta habilitó su renovación automática con la declaración del estado de alarma.
La renovación es necesaria para acreditar la condición de las personas como demandantes de empleo, requisito imprescindible para percibir las prestaciones por desempleo.
Desde enero se retomó el procedimiento normalizado en las 54 oficinas de empleo de la Xunta, aunque el servicio público de empleo en Galicia está impulsando que se haga por medios no presenciales, para cumplir con las medidas de protección anticovid.
Otros motivos apuntados en los expedientes son el de no comparecer a requerimiento del servicio público de empleo, el rechazo a participar en acciones de promoción, formación, reconversión profesional, programas de empleo o trabajos de colaboración y el rechazo (este muy residual) de la oferta de empleo adecuada.
EXPLICACIÓN DE LA CONSELLEIRA
Preguntada al respecto en una entrevista con Europa Press, la conselleira de Emprego, María Jesús Lorenzana, atribuye al «desconocimiento» y a una excesiva «burocracia» que los ciudadanos no se inscriban como demandantes en el servicio público de empleo, entre otros factores.
«Si alguien no está inscrito como demandante de empleo y quiere percibir la prestación por desempleo eso no existe, es un fraude, que hay que cortarlo», constata.
Cree que una manera de evitarlo es la reforma del servicio público de empleo, para hacerlo más próximo y efectivo. «Quizás, si no está inscrita la gente como demandante de empleo es porque no nos estamos anticipando, nosotros ni nadie», reconoce.
De esta forma, aboga por «incentivar» a los desempleados a inscribirse como demandantes mediante un servicio público de empleo que pueda aportar ofertas de manera rápida y eficaz.
Con la reforma del sistema que anunció para 2022 espera que los demandantes «no solo se inscriban porque van a percibir una prestación sino porque es un servicio de calidad que de alguna manera les va a ser útil para encontrar un empleo».
