«Por supuesto» que habrá un tercer plan de rescate a autónomos y microempresas «si es necesario». Así de contundente se muestra la conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, en una entrevista con Europa Press justo cuando la Xunta acaba de publicar su segundo programa para paliar el impacto de la covid en los sectores más castigados por la crisis, como la hostelería.

La pandemia de coronavirus sigue golpeando a la economía gallega y la conselleira asegura que mantiene su «compromiso» con los negocios a los que las restricciones impiden el desarrollo parcial o total de su actividad: «Van a contiuar existiendo medidas de apoyo económico siempre que haya medidas sanitarias», garantiza.

En cuanto a los tiempos, espera que la inyección de las ayudas de este segundo paquete (dotado en total con 75 millones de euros) se pueda «equiparar» con los del primero, que contó con otros 86 millones que todavía se están acabando de ingresar.

Al respecto, la titular de Emprego reivindica que los pagos se han hecho «muy rápido», con una media que fija entre dos y tres semanas desde la solicitud de la subvención.

La razón por la que parte del segundo plan se ha dejado para este lunes (15 de los 75 millones; el viernes fueron activados 60) es «para no saturar, porque va a ser una avalancha de solicitudes», advierte.

En cualquier caso, defiende el diseño de las órdenes y la operatividad del procedimiento, al tiempo que lamenta que otras administraciones no participen aportando recursos.

El Gobierno central, por un lado, «no está estando a la altura», critica. Así, ve «dudoso» que sirva que parte de los fondos europeos se puedan destinar a este fin, pero para condonar préstamos ya concedidos, puesto que lo que urge es «liquidez».

Por su parte, llama a las administraciones locales a que aporten recursos, si bien «es cierto que muchos ayuntamientos y alguna diputación han sacado ayudas». La Xunta ofrece colaboración para gestionarlas: «Podemos en ‘x’ semanas volver a sacar un complemento de este plan con el dinero que quieran aportar», dice.

Así las cosas, pese a estar «al límite» de su «capacidad financiera», la responsable de empleo asume que el Ejecutivo «se tendrá que reorganizar», de ser preciso, ya que estas actuaciones «se priorizarán sobre otras si es necesario».

Eso sí, avisa de que la auditoría para hacer las correspondientes comprobaciones empezará ahora, toda vez que los términos fueron invertidos y al solicitante le bastó con una declaración responsable sobre el cumplimiento los requisitos. En caso de no observarse, «tendrá que haber un reintegro de las ayudas» y «lo suyo sería que los resultados estuvieran en el primer semestre», apunta.