La CIG desarrolla desde el mes de octubre una campaña por «una salida gallega justa de la crisis», en el marco de la cual ha convocado para este domingo, 7 de febrero, una jornada de movilizaciones para exigir políticas que permitan una recuperación socioeconómica y condiciones «dignas» en la Comunidad autónoma.

Las movilizaciones, ha explicado la CIG, se desarrollarán en toda Galicia y dentro de la comarca de Ourense lo harán en la propia capital ourensana y en la localidad de Verín.

Para garantizar que se respeten los protocolos anticovid, en la ciudad de Ourense saldrán de tres puntos diferentes a las 11,30 horas para acabar en la Plaza Mayor, donde se leerá un comunicado conjunto.

La primera salida será desde el Paco Paz, la segunda del estadio del Couto y la tercera desde la estación del empalme. Mientras que en Verín no habrá marcha, pero sí concentración a las 12,00 horas en la Plaza del Ayuntamiento.

El sindicato CIG denuncia con estas acciones que las medidas propuestas y adoptadas por el Gobierno, tanto central como autonómicos, son «insuficientes o inexistentes» para dar una respuesta a la crisis derivada de la pandemia.

Para hacer frente a esta situación la central sindical propone un plan de recuperación económica, industrialización y creación del empleo «digno» mediante una batería de medidas que fue remitida a los partidos políticos y a las asociaciones patronales.

NUEVOS DERECHOS

Así, el secretario comarcal, Anxo Carballo, ha expuesto que para iniciar la recuperación de los derechos laborales y sociales hay que comenzar por la derogación de las reformas laborales y la negociación colectiva de las pensiones implantadas en 2010, poniendo en marcha una nueva legislación laboral y social que «sustituya los derechos robados y reconozca nuevos derechos ante las formas de explotación laboral».

Carballo afirma que la tercera ola de la pandemia «amenaza con despidos colectivos» y con un paro registrado en Ourense que, según las estadísticas, ha descendido en comparación a cifras anteriores y en comparación al resto del Estado.

No obstante, ha apuntado que se debe «a la facilidad para hacer trampa en la recogida de estos datos», ya que también ha descendido el número de cotizaciones y «eso solo implica que lo que ha aumentado es la población inactiva» de la que subraya «tiene rostro de mujer», ha señalado. «Son las que antes son expulsadas del mercado laboral y se dedican a labores que no cobran o lo hacen injustamente y en negro», ha aseverado.

Asimismo, ha destacado que el núcleo de pobreza «se está viendo agrandado» en Ourense. «Muchas familias que con anterioridad a la pandemia no habían asistido a bancos de alimentos ahora lo tienen que hacer, porque, aunque uno de los miembros conserve el trabajo el otro no y se ven obligados a sobrevivir con 400 euros», ha trasladado.

Por ello, la CIG reclama la fijación por ley del salario mínimo interprofesional en el 60% del salario medio, tal y como marca la Carta Social Europea, así como la supresión del IPREM y el establecimiento de una renta de inserción laboral y social en la cuantía del salario mínimo interprofesional.

Del mismo modo, solicitan que se prohíba la aplicación de los ERES y ERTES sin previa autorización administrativa y eliminar las ETT, las empresas multiservicios y las figuras de los falsos autónomos.

Con todo, ponen el foco el papel fundamental de las administraciones en la dinamización de la economía a las que exigen reforzar los sectores estratégicos, como el agrario y el pesquero y la industria conservera o el comercio, y poner en marcha «un plan de desarrollo industrial de apoyo y protección a estos sectores».

En el mismo sentido, exigen que «se devuelva al servicio público aquellos que fueron privatizados», recuperando «la gestión directa de la sanidad y fortaleciendo la educación pública» incrementando personal en ambos casos.