El juzgado de lo Mercantil 1 de Pontevedra ha estimado las demandas de impugnación promovidas por varios acreedores de Nueva Pescanova (sociedades del fondo Broadbill) contra la homologación judicial del acuerdo de refinanciación de Nueva Pescanova y ha anulado dicha homologación, al entender que el acuerdo de refinanciación no contó con la mayoría exigible legalmente (el 51 % de los acreedores).

En su sentencia, que es firme y no admite recurso, el juzgado señala que, según la Ley Concursal, cuando se establecen las mayorías para aprobar los acuerdos de refinanciación, no pueden tenerse en cuenta las deudas de aquellos acreedores considerados «personas especialmente relacionadas» con los deudores.

En el caso de Nueva Pescanova, el acuerdo discutido se aprobó el 30 de junio de 2020, cuando la entidad financiera Abanca ya había asumido el control de la pesquera (tenía más del 80 por ciento de las acciones y había designado a tres de los cinco miembros del Consejo de Administración).

Precisamente esa circunstancia, unida al hecho de que Abanca ejercía como «administradora de hecho» de Nueva Pescanova, la convertía en «persona especialmente relacionada» con la pesquera, por lo que su deuda no debía computar a la hora de votar la refinanciación.

Según el juez, si se tomase como referencia la posición de Abanca antes de tener el control de la multinacional, sería titular de una deuda de 47,9 millones de euros y ello, sumado los 200.000 euros del resto de acreedores que firmaron el acuerdo de refinanciación, es una cantidad muy inferior a los más de 71 millones de deuda que representan otros acreedores que impugnaron el acuerdo.

Por otra parte, en su resolución, el magistrado también señala que el acuerdo de refinanciación se firmó sin informar ni negociar con la totalidad de acreedores, que se enteraron posteriormente.

ACUERDO «SECRETO»

Así, teniendo en cuenta que el acuerdo estaba promovido por Abanca, que la mayor parte de consejeros están vinculados a la entidad financiera y que ésta era la mayor interesada en que dicho acuedo prosperase, «surgen las más lógicas sospechas», según el juez, de que la propia Abanca influyó en el Consejo «para que el acuerdo permaneciese en secreto hasta después de su firma».

Según señala en su sentencia, es «llamativo» que los titulares de deuda por más de 71 millones de euros no fueran informados previamente o invitados a participar en la negociación del acuerdo de refinanciación antes de su firma. «Aparece una sospecha razonable acerca de que pudo dar instrucciones reservadas (Abanca) al Consejo para mantener en secreto el acuerdo», ha incidido el juez.

Por otra parte, el magistrado ha desestimado las demandas incidentales promovidas por otros acreedores, como Pescano, QP Capital Holdings Ltd, Dupon Pension Trusty E.I. Dupont Canada Company Pension Plan, que alegaban, entre otras cuestiones, que el acuerdo de refinanciación les exigía un sacrificio desproporcionado.