El Tribunal de Cuentas tiene previsto fiscalizar durante este recién estrenado 2021 el grueso de las medidas adoptadas por los organismos públicos frente a la pandemia del coronavirus durante el estado de alarma y las relativas a la reestructuración económica aplicadas con posterioridad.

El Tribunal de Cuentas informa de que el programa de fiscalizaciones para este año, aprobado por el Pleno el pasado 22 de diciembre, contempla la revisión de los contratos de emergencia acordados para hacer frente a la emergencia sanitaria tanto por parte de los ministerios como de las comunidades autónomas, ayuntamientos o el sector público empresarial.

En un comunicado, recogido por Europa Press, el organismo que dirige María José de la Fuente y de la Calle también apunta que fiscalizará la gestión en las residencias de mayores, así como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) tramitados durante la crisis sanitaria.

TELETRABAJO Y EJECUCIÓN DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES

El programa también incluye el análisis de la gestión del transporte de viajeros, los sistemas de información salud pública, el grado de ejecución de los fondos estructurales, las ayudas a entidades para la fabricación de productos considerados de emergencia, la implementación del teletrabajo, el impacto económico del Covid en la Seguridad Social o los avales al ICO.

Entre sus objetivos también figura la revisión de la ejecución de las medidas previstas para impulsar el turismo, la prevención integral de la violencia de género, las distintas subvenciones para investigar el virus y las actuaciones sobre la cogobernanza del Gobierno y las comunidades autónomas en la gestión de la pandemia.

Con la asunción del compromiso de llevar a cabo «numerosas» fiscalizaciones sobre la gestión pública del coronavirus, el Tribunal pretende impulsar el proceso de actuación del control externo ante la crisis del Covid que, dice, «necesariamente habrá de continuarse y completarse en futuros programas».

Y todo ello, remarca, «sin dejar de atender» la fiscalización de otras áreas prioritarias. En concreto, el documento aprobado por el Pleno del Tribunal comprende las fiscalizaciones que se realizarán por mandato legal, las solicitadas por las Cortes Generales –entre ellas, el informe anual de la actividad fiscalizadora sobre la contratación del sector público– y las programadas por el Tribunal de Cuentas.

Y EL PAPEL DEL FROB EN LA FUSIÓN CAIXA BANK Y BANKIA

Entre los procedimientos fiscalizadores el programa incorpora la Declaración sobre la Cuenta General del Estado de 2020, las actuaciones del FROB y del Banco de España en la fusión entre Caixabank y Bankia, y los habituales informes anuales de las comunidades y ciudades autónomas sin órgano de control externo propio o los relativos a la actividad económico-financiera y el control de los partidos políticos y las fundaciones y entidades vinculadas o dependientes de ellos.

Además, el Tribunal seguirá prestando especial atención a la supervisión y control del desarrollo de las políticas de igualdad efectiva de mujeres y hombres, e incorporará como objetivo de las fiscalizaciones la verificación del cumplimiento de las prescripciones de transparencia establecidas por la normativa, así como la sostenibilidad ambiental.

En el ámbito internacional se encuentran, entre otros, la auditoría coordinada internacional en áreas protegidas, el informe conjunto de los Tribunales de Cuentas de España y Portugal sobre las actuaciones de defensa contra la desertificación y prevención y extinción de incendios forestales en la Península Ibérica; la Organización Conjunta de Cooperación en materia de Armamento (OCCAR) y de la Agencia Europea de la Defensa (EDA), así como laparticipación nacional en el Proyecto del Avión de Combate Europeo (Eurofighter).