El PPdeG ha defendido este martes en el Parlamento de Galicia una iniciativa que pone en valor las políticas de la Xunta para «ampliar» el número de potenciales beneficiarios de las viviendas públicas y protegidas modificando el tope de la renta máxima.

La proposición no de ley ha sido defendida por el diputado del PP Moisés Rodríguez, quien ha asegurado que se trata de una «buena medida» que va en la «buena dirección» para que cada vez más familias tengan opción de disfrutar de una vivienda digna a precios asequibles.

El popular ha asegurado que el Gobierno del PP aspira a llegar a más familias elevando cuatro veces el Iprem, 4,5 en el caso de las familias numerosas en el acceso a la vivienda pública, al tiempo que ha puesto en valor otras medidas como el hecho de que se mantiene la reserva del 25% de la vivienda de protección en compra para menores de 36 años, que se reserve el 40% del alquiler para jóvenes y que se vaya a tener en cuenta la antigüedad como demandante.

«En Galicia el compromiso de la Xunta se mide en programación, en hechos, en inversión y no en simples proclamas y propaganda electoralista», ha sostenido en un debate en el que ha rechazado las enmiendas presentadas por BNG y PSdeG al texto.

La proposición no de ley previsiblemente saldrá adelante en la jornada del miércoles, cuando será sometida a votación, dada la mayoría del Grupo Popular en la Cámara.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

De la bancada de la oposición, el primero en intervenir ha sido el parlamentario del PSdeG Aitor Bouza, quien ha acusado al PP de hacer el «ridículo» con el texto de la proposición que textualmente acordaba poner en valor «las políticas dirigidas a ampliar el número de potenciales beneficiarios de viviendas públicas y protegidas, en particular, la reducción de los umbrales de renta máxima para acceder a un inmueble y la ampliación de la reserva al 30% de las viviendas públicas en venta para las personas de entre 36 y 45 años».

«Es un ridículo total, no saben ni lo que proponen. Aumentar el umbral o reducir el umbral. Porque lo que ustedes van a votar es reducir el número de personas beneficiarias, porque si recuden el umbral, menos personas», ha dicho para criticar que el PP «Vaya a votar la iniciativa diciendo lo contrario de lo que acaba de aprobar la Xunta y que no pase nada». «Son un meme con patas, se hacen oposición a sí mismos», ha dicho.

Por su parte, la nacionalista Alexandra Fernández ha sostenido que el interés del Gobierno gallego en construir más vivienda protegida está acompañado de «cambios importantes» para hacer de ella «un negocio más rentables para promotores y constructoras».

Así, ha sostenido que, tras los cambios introducidos en la ley en 2021 «por la puerta de atrás», el precio de la vivienda protegida acumula desde 2021 una subida del 56%. Después de preguntarse si hay alguien que cobre en la actualidad un 56% más que en el año 2021, ha asegurado que «la vivienda protegida es inaccesible porque subió por encima de la capacidad adquisitiva de las familias» y ha argumentado que el PP no trae esta PNL para que más familias puedan acceder a ella, sino para que haya «alguna» que lo pueda hacer después de «meterle una subida desproporcionada e injustificada».

EL BNG PIDE QUE LA XUNTA EJERZA EL DERECHO DE RETRACTO

Durante la tarde, el pleno también ha acogido el debate de otra iniciativa sobre vivienda, en este caso una proposición no de ley defendida por la diputada del BNG Alexandra Fernández, que ha emplazado a la Xunta a ejercer el derecho de compra preferente por parte del Instituto Galego de Vivienda e Solo (IGVS) cuando se vende una vivienda protegida.

«Es un tres por uno, salva parte de la vivienda protegida y le da protección permanente, amplía el parque de vivienda pública y acaba con los fraudes en las ventas de vivienda protegida», ha dicho la diputada del BNG.

Alexandra Fernández ha explicado que, con el objetivo de avanzar esta política, la iniciativa exige que la Xunta aporte datos sobre el número de viviendas protegidas exactas que se van a descalificar en los próximos años con el objetivo de lograr una radiografía fiel.

Asimismo, emplaza a la Xunta a ejercer ese derecho de retracto que ya está regulado y que planifique para los próximos años la compra de viviendas protegidas.

También aboga por ampliar los mecanismos legales de los que dispone la Administración autonómica para salvar aún más las viviendas de su descualificación, ampliando el poder de compra del IGVS sorbe las viviendas protegidas que se ubiquen en zonas de mercado residencial tensioando y que vayan a perder su cualificaicón en los próximos 15 años.

La iniciativa ha contado con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, cuyo diputado Aitor Bouza ha subrayado el apoyo de su formación a «esta y todas las iniciativas que vayan en beneficio de los derechos» de las gallegas y de los gallegos. «Hoy debatimos profundamente sobre las viviendas protegidas y el PP ya nos ha demostrado que no quiere realmente que la especulación quede al margen de la ley», ha sostenido en referencia al rechazado de los populares a la modificación de le Ley de Vivienda de Galicia que él defendió durante la mañana para reclamar la protección permanente de las viviendas públicas.

Enfrente, el parlamentario del PP Moisés Rodríguez, ha avanzado el rechazo de su grupo a este texto y ha acusado a BNG y a PSdeG de tratar de que se «expropie». Así, ha criticado que el Bloque acudiera a la Cámara a hablar del derecho de tanteo y retracto de la vivienda protegida como si fuese «la poción mágica que va a solucionar los problemas de la emergencia habitacional».

«Su brillante idea es que todos los pisos que salgan a la venta, venga la Xunta y que los compre. Hay que intervenir, tutelar, asfixiar…», ha sostenido.

El parlamentario del PP ha considerado que el «BNG siempre tira al monte» y que al final sale su «careta». Además, ha dicho que integrante de la formación «lleva un comunista pequeño dentro». «Y cada vez que puede sale ese comunista», ha manifestado.

«Ustedes son los de la hiperregulación, del intervencionismo. Que se expropie!», ha exclamado para asegurar que «esos es lo que quieren hacer los nacionalistas y lo socialistas».

Tras ello, ha asegurado que existen mecanismos de control que garantizan la función social de la vivienda protegida y ha subrayado que «una intervención masiva de la administración sobre estas viviendas podría limitar las oportunidades de acceso a la vivienda».