El juicio sobre el ERE de Alcoa en su planta de aluminio de San Cibrao -que afecta a más de medio millar de empleados- ha quedado visto para sentencia este jueves tras una vista «maratoniana» en la que la empresa ha confrontado con representantes de los trabajadores y administraciones sobre si hubo o no mala fe en el periodo de consultas.

En sus conclusiones en la Sala de lo Social del TSXG -en A Coruña-, la letrada de la representación de los trabajadores ha señalado que ha quedado demostrada la «pantomima» de negociación que llevó a cabo Aloca durante 120 días, pues desde el principio «se sabía» que se iba a terminar «abortando una venta».

Por ello, pide que se declare la nulidad del despido colectivo puesto que Alcoa «lo que hizo fue simular», «lo que hubo no fue un periodo de consultas, sino una simulación».

En una jornada que comenzó a las 9,00 horas de la mañana con una infructuosa tentativa de conciliación y que ha terminado pasadas las 20,15 horas, la letrada ha explicado que todos han quedado «cansados» de este día, que ve como una «minirreproducción de lo que ocurrió durante el periodo de consultas», en el cual la empresa se limitó a asegurar que las causas del ERE eran «incontestables» pero sin aportar pruebas.

Y es que en octubre de 2019 Alcoa adoptó la decisión de reducir la producción mundial de aluminio, «miró el mapa y señaló a San Cibrao».

Este juicio se ha celebrado en un jueves en el que cientos de trabajadores han continuado con sus protestas en la fábrica de Cervo (Lugo) con quema de neumáticos y carteles.

CAUSAS «TREMENDAMENTE DUDOSAS»

La representación de la parte social advierte de que hay unas causas que aduce la compañía para el despido que son «tremendamente dudosas», pues la propia memoria fija de forma «confusa» las pérdidas estimadas para este año, al hablar primero de una cifra de 34 millones y después de otra de 58 millones.

Además, se queja de que «aún por encima», además de no cumplir con las consultas, la empresa abogó por un despido «barato» con 30 días para «un máximo» de solo una anualidad.

Aquí, se ha referido a la exposición realizada por la mañana por el letrado representante del Ministerio de Industria de que Alcoa tenía un plan en el «nunca» estuvo dispuesto a vender. Su fin es reducir la producción hasta el 15% en la planta de aluminio para seguir percibiendo ayudas de CO2, pues el cierre de una fábrica de esta características es «carísimo» por los costes ambientales.

También considera que el precio eléctrico «tuvo solución», pero Alcoa se negó a sentarse con el Gobierno para abordar el plan industrial. Recuerda que la empresa recibió 659 millones de dinero público desde 2013 por las subastas de interrumpibilidad, así como 44 millones en compensaciones de CO2.

En el turno de conclusiones, los representantes del Gobierno y la Xunta ha incidido en su exposición de la mañana de la «mala fe» de Alcoa a lo largo de todo este proceso, pues observan una «actitud de bloqueo en la negociación» por la compañía al estar decidido de «antemano» el despido.

CONCLUSIONES DE ALCOA

En su última intervención de la vista, el representante legal de Alcoa ha reclamado la desestimación de la demanda y una sentencia absolutoria, al tiempo que ha incidido en pedir la «falta de legitimación» de la Xunta y Ministerio de Industria en su personación en esta causa.

Considera que han quedado acreditado las «pérdidas brutales» de la planta de aluminio, con causas estructurales «incontestables» que afectan a la planta de San Cibrao.

Cree que «se acredita» que Alcoa intentó «buscar alternativas» y que se entregó «toda» la documentación que se había requerido en un periodo de consultas de 120 días, «cuatro veces más de lo legal establecido».

Avisa de que «la estrategia» de la representación de trabajadores fue «achacar mala fe desde el primer día». «Podía haber durado 1.000 años el periodo de consultas y no se hubiese negociado absolutamente nada», sostiene, porque los empleados solo querían: «o retirar el ERE o se vende».

El abogado de Alcoa dice que «no se entiende» que se pusieran 130 millones de euros por parte de la empresa durante la negociación y que «no fuese razonable» para Liberty House. «Si esto diese dinero no tendrían los ojos puestos en la refinería», agrega.

DECLARACIÓN DE ÁLVARO DORADO

En la jornada de tarde, el presidente de Alcoa España, Álvaro Dorado, ha explicado que en la «última oferta» trasladada a la SEPI para la compraventa se ofreció aportar 130 millones de euros, 50 millones de ellos de los costes de separación de las dos plantas

Defiende la posibilidad de parada de cubas en San Cibrao porque se ha completado recientemente el rearranque de una planta en Canadá.

También asevera que el Gobierno no aportó «absolutamente nada» para garantizar cómo iba a ofrecer un precio de entre 25 y 35 euros por megavatio por hora.

Sin embargo, ha reconocido a preguntas de la parte social que si este año se hubiera recurrido a un precio denominado ‘spot’, más variable, en vez de uno prefijado sí que se hubiera conseguido un precio «un poco más barato» por la incidencia de la pandemia.

EL COMITÉ CRITICA QUE ALCOA NO SE SENTASE CON EL GOBIERNO

El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan (CC.OO.), que ha participado como testigo en esta vista, ha narrado que los trabajadores pusieron sobre la mesa «muchas alternativas», pero Alcoa «lo único que puso fue el cierre y la parada de cubas», con la que estaban «obsesionados».

Zan asegura que solo se busca dejar operativo el 15% de la planta de aluminio para «no tener que devolver ayudas de Estado».

Insiste en que «no tiene sentido» que Alcoa no accediese a sentarse con el Gobierno para que le explicase el plan que proponía con entre 25 y 35 euros por megavatios por hora.

Por otra parte, una perito que trabaja para CC.OO. ha lamentado que los representantes de los trabajadores «nunca» pudieron tener acceso «a la misma información que tenía la empresa».

Pone de ejemplo esta miembro de CC.OO -que formó parte del periodo de consultas- que no se les facilitó «la contabilidad analítica», de forma que no se pudo saber «por qué» se produjeron las pérdidas de Alcoa ni si fueron «provocadas».

PERITOS Y TESTIGOS

Entre los peritos llamados por la empresa, uno de ellos ha confirmado que por cada tonelada de aluminio que se produce desde 2018 «se pierde dinero».

Este perito, que estuvo presente en las reuniones del periodo de consultas en representación de la empresa, ha ratificado que la previsión de pérdida para 2020 es de 58 millones. Aún así, reconoce que no ha tenido en cuenta el resultado económica de toda la corporación a nivel mundial.

Otro perito de Alcoa ha cifrado en 35 millones de dólares el coste de rearranque tras una parada de cubas. También admite que «es más fácil» hacer esa reactivación si parte de las cubas siguen operativas y no se paran todas.

Asegura que una planta situada en Móstar (Bosnia), que es «gemela» a la de San Cibrao, se consiguió rearrancar a pesar de haberse parado durante la guerra de forma «abrupta».

Preguntado sobre si hay fondos previstos para el coste de una avería del transformador eléctrico, considera que no es «realista» que «pueda haber un fallo decisivo». Eso sí, informa de que hay un fondo para contingencias con 2,5 millones.

Posteriormente, un operario de la subestación eléctrica afectado por el despido ha explicado que el precio de estos transformadores ronda los seis millones de euros y uno nuevo tardaría unos «dos años» en conseguirse.