Los representantes legales de los sindicatos CC.OO., UGT y CIG han acusado a la multinacional Alcoa de actuar bajo un plan «preconcebido y malicioso» para cerrar la fábrica de San Cibrao, en Cervo (Lugo).

Lo han hecho en la vista que ha acogido, en jornada de mañana y tarde, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) tras las medidas cautelares planteadas por estos sindicatos, junto al comité de empresa, para paralizar temporalmente el expediente de regulación de empleo (ERE) para 524 trabajadores.

La cautelar pide, en concreto, la intervención o administración judicial de la planta de aluminio por parte de la SEPI (sociedad estatal de participaciones industriales) y «subsidiariamente que se ordene a Alcoa no comenzar con la paralización de las cubas y en consecuencia no ejecutar los despidos individuales en tanto no exista sentencia firme».

Sobre estas medidas cautelares, los abogados de las centrales sindicales han argumentado que son «el único medio» para evitar las consecuencias «irreversibles» que, según han señalado, tendrían unos despidos si, como han sostenido, finalmente fuesen declarados nulos en el proceso judicial por el ERE.

«Cuando llegue la sentencia, no tendrán donde reincorporarse, tenemos el ejemplo de A Coruña y Avilés», ha dicho la abogada de CC.OO. en relación a la situación de las antiguas plantas de Alcoa y de los trabajadores.

Para incidir en que existen «mimbres» para esa declaración de nulidad, han apelado a la decena de apercibimientos por parte de la autoridad laboral a la multinacional y a un informe de Inspección de Trabajo.

Por otra parte, han limitado a «dossieres de prensa» la documentación aportada por Alcoa para rechazar sus argumentos y alegar las pérdidas «recurrentes y severas» que, según sostuvo su letrado, hay en la fábrica y que justifican, según su argumentación, el ERE.

POSIBLE VENTA

Además, han rechazado que la empresa tenga derecho «a destruir 1.000 puestos de trabajo cuando existen alternativas factibles», han dicho sobre el interés de compra por parte de Liberty House. A este interés, se ha referido también, en su intervención, el abogado del Estado, en representación del Ministerio de Industria.

«Existen alternativas serias y reales de adquirir la planta en términos de mercado», ha dicho el letrado quien, en su anterior exposición, antes de la lectura de las conclusiones de las partes, respaldó, como el letrado de la Xunta, las medidas planteadas subsidiariamente en la demanda sindical.

Ambos abogados han rechazado que haya, de aceptarse las mismas, un «grave quebranto» para la empresa. «No hemos venido a hablar de la situación económica de Alcoa», ha asegurado el representante de la Xunta, quien ha denunciado el «inmovilismo» de la multinacional.

ARGUMENTOS DE ALCOA

El representante legal de ésta ha sostenido, en respuesta a la parte demandante, que no hay informes «que acrediten un daño irreversible» por la paralización de las cubas. Así, ha insistido en que «se pueden volver a poner en marcha», como han apuntado algunos de los peritos aportados por esta parte, que han situado en un 0,3% la producción que representa la planta San Cibrao a nivel internacional en el mercado del aluminio.

Este abogado ha pedido, asimismo, que no se acepten unas cautelares en base a «conjeturas» y ha advertido que podría generar un «problema millonario».

Tras la vista, el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, que declaró en la misma como testigo, ha pedido que «se fije ya» la reunión de la mesa multilateral «que concrete un calendario de actuaciones para la intervención efectiva de la planta», petición incluida en las medidas cautelares planteadas por los sindicatos.