La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, se ha reunido este viernes con el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, para analizar el fenómeno de las ocupaciones ilegales de viviendas en la Comunidad y defender cambios legislativos para hacer frente a esta problemática.

En la reunión, de la que ha informado la Xunta en un comunicado, la titular del departamento autonómico le ha trasladado al fiscal la inquietud de la Xunta ante un problema que, según ha indicado, «se ha agudizado en 2020».

Por ello, ha incidido en la necesidad urgente de acometer a las reformas legislativas que sean necesarias para garantizar un marco jurídico eficaz, definido y duradero frente a las ocupaciones. Así, ha considerado que el Gobierno central debe intervenir, en el marco de sus competencias, para acabar con las dudas y la inquietud social que están generando este tipo de casos en todo el país.

La Xunta ha señalado que, según los datos del Ministerio del Interior, el número de denuncias por casos de ocupación en Galicia pasó de las 59 del primer trimestre a las 79 registradas durante el segundo, unas cifras que sitúan a la comunidad seis puntos por debajo de la media nacional.

Con todo, la conselleira ha insistido en que no se trata solo de un problema cuantitativo sino cualitativo, al citar el componente social que tiene este fenómeno en tanto que afecta a los propietarios de los inmuebles ocupados y a los vecinos que sufren sus consecuencias.

Precisamente, Vázquez Mejuto ha explicado al fiscal que uno de los objetivos básicos de la reforma que demanda Galicia del Gobierno central pasa por otorgar a las comunidades de vecinos, a través de su presidencia, el derecho a actuar ante la justicia para exigir el cese de las molestias e incluso la desocupación inmediata de un inmueble.

Asimismo, ha abogado por arbitrar mecanismos jurídicos que permitan garantizar el desalojo cautelar del inmueble en las primeras horas de la ocupación, así como un endurecimiento de las penas que, por una parte, disuada a los ocupas de la comisión del delito y por la otra, elimine la sensación de impotencia entre los afectados por este tipo de conductas.

La titular de Vivenda ha sostenido que la reclamación de la Xunta de un nuevo marco jurídico y legislativo que permita atajar el problema está avalada por informes de expertos penalistas de la Universidade de Santiago (USC). Por eso, ve «imprescindible» que el Gobierno promueva las reformas necesarias, con independencia de otras medidas como, por ejemplo, la reciente instrucción dictada por la Fiscalía del Estado para unificar criterios de actuación.