La comisión no permanente especial de estudio para abordar la propuesta de Galicia ante la reforma del sistema de financiación ha retomado sus trabajos este miércoles con una sesión en la que se han aprobado las normas de funcionamiento –con el apoyo de todos los grupos menos el PSdeG, que se ha abstenido– y se ha abierto un plazo de siete días, hasta el próximo 18 de junio, para remitir las propuestas para la elaboración de un plan de trabajo.

Puesta en marcha en noviembre de 2021, la reactivación de esta comisión está marcada ahora por la propuesta de reforma del sistema realizada en la última etapa de la anterior ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y las comisiones bilaterales convocadas por el actual titular del departamento, Arcadi España, para analizarla.

Su labor se centrará en la elaboración de un dictamen tras las comparecencias de los expertos que tuvieron lugar la pasada legislatura y tras analizar la documentación presentada.

Entre otros, este órgano citó a economistas como Santiago Lago, María Cadaval, Xoaquín Fernández Leiceaga y la exconselleira Elena Muñoz y el actual titular de Facenda, Miguel Corgos.

En función de las propuestas que presenten los grupos desde este miércoles hasta el próximo día 18, habrá o no nuevas comparecencias, si bien el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha recalcado que la intención es que la comisión concluya su labor en un «plazo razonable». La idea, ha indicado, es elaborar un dictamen y votarlo, con la posibilidad de emitir votos particulares.

En su intervención en la comisión, Pazos ha hecho referencia al «acuerdo base» que existía con anterioridad entre los grupos sobre cuestiones como que la reforma se debata en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), y no de forma bilateral.

Junto a esto, ha advertido de que la propuesta del Gobierno «perjudica a Galicia» al basarse, según afirma, en «la capacidad recaudatoria» de los territorios en lugar de en lo que cuesta la prestación de los servicios públicos.

Sin «inconveniente» en incorporar «alguna cuestión» del BNG, las normas han sumado, de hecho, una enmienda de los nacionalistas transaccionada con los populares –por unanimidad–. Según Pazos, no presenta ningún cambio «sustancial».

Las que han sido rechazadas son las enmiendas del PSdeG –con el voto en contra del grupo mayoritario y la abstención de Bloque y del mixto–. Al respecto, el portavoz del Partido Popular ha visto «sorprendente» lo que planteaban los socialistas, y ha recordado que «la proporcionalidad» en la Cámara «viene determinada por los resultados de las urnas».

«FEIJÓO MANDA, RUEDA OBEDECE Y GALICIA PIERDE»

Por su parte, tanto la socialista Patricia Iglesias –en su intervención en el transcurso de la comisión– como la portavoz del BNG, Ana Pontón –en declaraciones a los medios de comunicación al término de la misma–, han coincidido en una frase para valorar la situación de Galicia ante la reforma de la financiación autonómica: «Feijóo manda, Rueda obedece y Galicia pierde».

Iglesias ha pedido que la comisión «tenga un resultado útil» y «que no sea un paripé», de modo que se elabore una propuesta «por escrito y con rigurosidad».

Mostrando la «mano tendida» del PSOE gallego en aras de lograr una «posición de país» y «a la altura de Galicia», ha reclamado también «transparencia» y «pluralidad», de modo que salga un documento para una financiación «suficiente, singular y solidaria».

Por parte del Bloque, Noa Presas ha lamentado los 1.604 días pasados para reactivar esta comisión, y ha aseverado que «si no hubo dictamen» antes «fue por el bloqueo del PP».

Con «voluntad de contribuir», ha censurado que en estos momentos «Galicia sigue perdiendo el tiempo». Por parte de su grupo, ha reiterado la demanda de que «Galicia tenga íntegramente la llave de su dinero», si bien se ha mostrado a favor de una «propuesta en positivo para que con el actual marco se pueda avanzar».

Mientras, en las declaraciones a los periodistas al acabar la comisión, la líder del BNG, Ana Pontón, ha reprochado a la Xunta que no se siente a negociar la reforma de la financiación con el Ejecutivo central.

En cuanto a la propuesta del Gobierno, la ha calificado de «inaceptable» al entender que «aumenta aún más la discriminación» hacia Galicia.