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El Gobierno reparte 13,3 millones entre diez factorías gallegas en compensación de costes de emisiones indirectas

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Diez factorías gallegas, entre las que se encuentra la planta de alúmina de Alcoa en el complejo de San Cibrao –Cervo (Lugo)–, se reparten 13,3 millones de euros en ayudas estatales por el mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publica este jueves la lista provisional de propuestas seleccionadas en la convocatoria de 2019, dotada con 61 millones y que ha distribuido a un total de 204 solicitudes.

En ella figuran diez instalaciones gallegas que se repartirán un total de 13.344.906,26 euros, de los que 929.206 euros irán a parar a la planta de alúmina de la multinacional Alcoa en San Cibrao, que la compañía estadounidense prevé cerrar tras descartar una posible venta.

Por su parte, los centros de Ferroatlántica en Galicia reciben casi 2,5 millones que se distribuyen entre sus factorías en Sabón (683.000 euros), Dumbría (1.156.000 euros) y Cee (669.502 euros).

Otra de las empresas del sector electrointensivo gallego que atraviesa dificultades, Celsa Atlantic, también se beneficia de estas ayudas con 157.000 euros.

Por su parte, Alu Ibérica percibe 255.250 por su planta de A Coruña, mientras que la mayor cuantía va a parar a Aluminio Español, que se lleva más de la mitad de las subvenciones que van a parar a Galicia con 8,7 millones. También reciben ayudas Megasa (643.672 euros), Bioethanol Galicia (24.323 euros) y Aluminios Cortizo (33.4390).

GALICIA, LA CCAA QUE MÁS RECIBE

Según destaca la Delegación del Gobierno, Galicia es la comunidad autónoma que más fondos recibe (21% del total) de esta convocatoria de ayudas con la que el Gobierno pretende «apoyar a los sectores industriales más afectados por los costes de la electricidad».

Así lo ha destacado el delegado del Gobierno en la comunidad, Javier Losada, que ha recordado que estas propuestas están sujetas a «posibles alegaciones» de las compañías beneficiarias, además de «a la debida contestación a los requerimientos de información exigidos en algún caso, como los de Alcoa y Alu Ibérica».

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