La pensión media subió un 2,37% en septiembre en Galicia en relación con el mismo mes del año anterior, mientras que el número total de estas prestaciones bajó un 0,27% en la comunidad, hasta 764.012.

Por provincias, las cuatro registraron aumentos superiores al 2% este mes, mientras que la cifra total bajó en todas salvo en Pontevedra.

En el conjunto estatal, la Seguridad Social destinó en el presente mes de septiembre 9.911,4 millones de euros al pago de pensiones contributivas, un 2,2% más que en el mismo mes de 2019, ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En la nómina de septiembre se han abonado 9.765.352 pensiones contributivas, 12.204 prestaciones menos que en agosto (-0,1%).

El Ministerio explica que en el último mes se ha realizado por parte de la Seguridad Social un ajuste estadístico de los pensionistas españoles en el extranjero, una medida que habitualmente se efectúa en abril. Ello ha provocado un impacto en la serie del número total de pensiones, que se corregirá el próximo mes.

Del total de pensiones vigentes a 1 de septiembre, el 62,3% (6.088.231 pensiones) fueron de jubilación; 2.346.957 correspondieron a prestaciones de viudedad; 947.782 a incapacidad permanente; 339.424 a orfandad y 42.958 fueron pensiones a favor de familiares.

Más de dos tercios de la nómina se destinaron al abono de las pensiones de jubilación, que sumaron un importe de 7.103,2 millones de euros, un 2,8% más que en septiembre del año pasado.

A las pensiones de viudedad, se destinaron casi 1.709 millones de euros, un 1,4% más que hace un año, mientras que a las prestaciones por incapacidad permanente se dedicaron 934,1 millones de euros (-0,4%). Por su parte, al pago de las prestaciones de orfandad se destinaron 139,6 millones (+0,9%), y a las prestaciones a favor de familiares, 25,4 millones de euros (+3,1%).

EL IMPACTO DEL COVID: MENOS ALTAS Y MÁS BAJAS

Con datos de agosto (últimos disponibles), el número de altas de pensión registradas fue de 37.179 pensiones, un 2,1% más respecto al mismo mes del año pasado, pero menos que en julio.

En el acumulado entre enero y agosto se han producido 330.931 altas, es decir, nuevas pensiones, cifra un 13,2% inferior a la del mismo periodo de 2019. Al mismo tiempo que han bajado las altas, han subido las bajas: en los ocho primeros meses del año han causado baja 354.247 pensiones, un 12,8% más. Los mayores aumentos de bajas los registran las pensiones de viudedad (+16,5%) y de jubilación (+13,9%).

El Ministerio subraya que estos datos reflejan el efecto de la pandemia y obedecen, en parte, al cierre de oficinas durante el estado de alarma y a la situación de confinamiento, que hizo que «muchos ciudadanos» aplazaran sus gestiones con la Seguridad Social.

«También hay que tener en cuenta cómo ha influido la pandemia en términos de mortandad sobre el conjunto de la población y, en mayor medida, sobre el colectivo de las personas de mayor edad», añade.

LA PENSIÓN MEDIA DE JUBILACIÓN SUBE UN 2,3%

La pensión media de jubilación alcanzó en septiembre los 1.166,7 euros, un 2,3% más que el año pasado, mientras que la pensión media de viudedad fue de 728,18 euros al mes (+2,07%).

La pensión media del sistema, que comprende las distintas clases (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), aumentó un 2,2% interanual, hasta situarse a 1 de septiembre en 1.014,96 euros mensuales.

En cuanto a las nuevas altas de pensiones de jubilación, su cuantía fue mayor en un 4,7% al importe de las nuevas pensiones en agosto de 2019. En el octavo mes del año, última fecha disponible, las pensiones correspondientes a las nuevas altas de jubilación ascendieron a una media de 1.396 euros al mes. Las del Régimen General llegaron a 1.517,6 euros mensuales.

PENSIONES DE CLASES PASIVAS

Por otro lado, el número de pensiones pertenecientes a clases pasivas alcanzó en agosto la cifra de 635.910, con un gasto mensual de 1.152,9 millones de euros.

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y a funcionarios de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.