El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha remarcado que el acuerdo firmado con el Gobierno sobre los remanentes garantiza que «el plazo que tiene que ofertar la Dirección General de Tesoro (para su devolución) tiene que ser de diez años».
Preguntado este jueves tras una rueda de prensa en Vigo, ha señalado que los municipios deben poder acogerse a la devolución de los remanentes prestados al Gobierno en un plazo de una década, aunque se contemple que se pueda extender este periodo hasta los 15 años si algún ayuntamiento lo encuentra «beneficioso».
En concreto, Abel Caballero y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rubricaron este martes este acuerdo, que tras su paso por el Consejo de Ministros, fue publicado al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En esta publicación se detalló que el préstamo «será amortizado por la Administración General del Estado en un plazo máximo de 15 años, a partir de 2022».
Sin embargo, el presidente de la FEMP ha insistido en que el acuerdo firmado este martes señala que la Dirección General del Tesoro debe ofertar un plazo de devolución de diez años y ha recordado que desconoce el volumen de ayuntamientos que optarán por el préstamo de estas cantidades «porque (el sistema) es voluntario».
Así, Abel Caballero ha vuelto a afirmar que este supone el único método que permite el gasto de los remanentes debido a la vigencia de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. «Si hay alguna alternativa, insto al PP a que me lo diga», ha retado el regidor en respuesta al rechazo de la formación al acuerdo.
En concreto, el documento rubricado esta semana establece que los ayuntamientos que lo deseen podrán poner sus remanentes a disposición del Gobierno central, que aportará 5.000 millones en proporción a las cantidades entregadas.
Posteriormente, especifica que, a partir de 2022, el Ejecutivo central revertirá a los municipios el 100% de los remanentes recibidos en un plazo de 10 años, así como intereses. El Gobierno transformó en decreto ley el texto, por lo que tendrá que llevarlo al Congreso de los Diputados para convalidarlo.
