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La Xunta advierte a Alcoa de que «si actúa de mala fe» puede haber «fraude de ley» e invalidarse el ERE

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El conselleiro de Economía, Emprego e Industria en funciones, Francisco Conde, ha considerado este domingo que Alcoa debe tener en cuenta, en el proceso de negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) para la planta de San Cibrao (Lugo), el nuevo contexto generado por la aparición de un inversor interesado en su compra y le ha advertido de que, «si actúa de mala fe» puede incurrir en «un fraude de ley y se podría, incluso, invalidar el ERE».

En declaraciones a la Radio Galega, Conde ha señalado que la Xunta no ha recibido todavía una respuesta de la multinacional al requerimiento del Gobierno gallego para que retire el ERE para 534 empleados tras conocerse que el grupo de origen británico Liberty House está interesado en hacerse con las instalaciones de Alcoa.

La situación y las novedades han sido notificadas también a la Inspección de Trabajo, ha informado el conselleiro, que ha indicado que en la reunión de este lunes con el comité de empresa de Alcoa y representantes de Liberty House espera conocer el plan industrial y energético de esta compañía, así como las previsiones sobre el empleo par el caso de que se convierta en la nueva propietaria de la planta.

«Esperamos que tanto el Gobierno como Alcoa dejen a un lado las excusas», ha pedido Conde, que ha llamado a alcanzar un acuerdo para la venta y ha vuelto a reclamar al Ejecutivo estatal que concrete el marco energético.

El conselleiro ha considerado que es el Gobierno central el que tiene que «tomar la iniciativa» en este momento por su «responsabilidad en materia del precio eléctrico» y ha vuelto a plantear la posibilidad de una intervención temporal de la planta.

«Tenemos 48 horas para actuar y espero que el Gobierno no esté esperando a que otros traigan una solución que le corresponde», ha manifestado y ha avisado de que, si el Ejecutivo estatal no actúa, ello podría suponer el cierre de Alcoa, puesto que el periodo formal de consultas del ERE termina el martes, 4 de agosto.

En caso de que el grupo Liberty House se haga con las instalaciones de A Mariña, la Xunta le pedirá un compromiso «centrado no solo desde el punto de vista industrial, sino energético», ha dicho Conde, que ha aludido al caso de la venta de Alu Ibérica en A Coruña y a sus actuales problemas. «Si estamos en esta situación en A Coruña es porque el Gobierno no dio respuesta a su compromiso de concretar ese precio eléctrico», ha reprochado.

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