Más de 800 personas, en su mayor parte médicos de familia, han firmado un manifiesto para exigirle al Sergas que retire la vinculación de la duración de las incapacidades temporales al plus de productividad.

El médico de familia Álvaro Lamas, que ejerce en A Guarda (Pontevedra), lanzó la iniciativa tras salir a la luz que en los Acordos de Xestión que el Sergas firma con las distintas áreas sanitarias y que recogen los indicadores a tener en cuenta para, entre otras cosas, el plus de productividad de médicos.

«Los objetivos a cumplir deben tener como condición básica ser realizables y estar al alcance del trabajador del que se esperan. Esta exigencia no reúne estas condiciones», aseguran en el manifiesto.

Frente a esto, citan por ejemplo la prescripción de fármacos genéricos o el aumento de la proporción de personas fumadoras que alcanzan la abstinencia tabáquica, que sí pueden estar en sus manos, pero no la duración de las bajas.

Además, se refieren a los datos facilitados por el Consello de Contas en su última publicación sobre las plazas vacantes en primaira (28%) y las demoras para citación en consultas de centros de salud.

«Estos problemas estructurales en primaria están entre las causas que pueden prolongar de manera innecesaria una situación de IT. Pero más allá del ámbito de la propia AP, deficiencias estructurales del sistema sanitario en otros niveles están detrás de la mayor parte de las situaciones en que una baja se prolonga más de lo esperable», argumentan.

La mayor parte de las veces, insisten, que tienen que ampliar el periodo de un paciente se debe a que permanece en espera de realizar una prueba y una consulta hospitalaria o de una operación.

«EN TELA DE JUICIO LA PROFESIONALIDAD Y EL CRITERIO»

«Somos profesionales que damos todo para cuidar de la salud de nuestros pacientes, sobreviviendo a duras penas a una sobrecarga crónica y creciente», recuerdan, lamentando además que se ponga «en tela de juicio» su profesionalidad y su criterio.

«No podemos tolerar que se nos exija cumplir con unos objetivos cuya realización está completamente fuera de nuestro control por factores ajenos a nosotros. No aceptamos que se pongan en riesgo los derechos de la población que atendemos», concluyen.

Esta queja popular se suma a las defendidas por sindicatos y otras asociaciones como la de médicos de familia de Galicia (Agamfec). Todos ellos, tras conocerse el indicador, han expresado su rechazo frontal a la medida.

Por su parte, la consellería de Sanidade y, concretamente, el conselleiro, Antonio Gómez Caamaño, ha defendido desde el primer momento una medida que, según ha explicado, es «organizativa y no novedosa» -ya estaba incluida en los acuerdos en 2025- y que, «de ningún modo» busca sembrar sospechas sobre la labor médica.