Adega critica que la Xunta haya vuelto a retrasar la declaración de zonas vulnerables a nitratos tras abrir a consulta de nuevo este mes de julio el decreto que regulará esta cuestión, tal y como ya hizo en 2025 «sin que llegara a aprobar nada». Denuncia que el Gobierno gallego acumula «26 años de demora» sin tomar medidas, «haciendo gala de un negacionismo cómplice mientras proliferan las plantas de biometano como falsa solución».

En un comunicado, la asociación ecologista recuerda que ya en la década de los años 90 del pasado siglo la UE puso de manifiesto la necesidad de tomar medidas ante la contaminación en el agua por nitratos de origen agrario, pero desde entonces «la Xunta no declaró ninguna zona vulnerable», a pesar de la nueva normativa en vigor desde 2022.

Censura que en julio de 2025 la Xunta abrió una consulta pública para evaluar un anteproyecto de decreto sobre contaminación por nitratos de origen agrario, en donde señalaba siete zonas vulnerables. «Dicho decreto no fue aprobado y por tanto tampoco hubo ninguna declaración de zonas vulnerables», lamenta. Ahora, con la nueva consulta pública «la excusa de la Xunta fue verificar que la contaminación por nitratos se debe fundamentalmente a fuentes agrarias, para así confrontar con el Ministerio y evitar los costes políticos que tendría para el PP ponerle coto a las macrogranjas y a la contaminación por purines».

Además, Adega reprocha que «los proyectos de plantas de biogás y biometano que hoy por hoy se están promoviendo en Galicia vienen de la mano de las empresas eléctricas y de combustibles fósiles, interesadas no en resolver los problemas asociados a la gestión de los residuos, sino únicamente en el negocio económico». «A pesar de sus impactos ambientales y sociales, están proliferando sin que exista un Plan Galego de Biogás», advierte. Por tal motivo, urge una planificación que regule «exhaustivamente» el establecimiento de este tipo de instalaciones.

Todo ello después de que, en febrero de 2026, el Tribunal Supremo (TS) rechazase los recursos de la Xunta y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil contra la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que los condenó por «inactividad» ante la degradación ambiental del embalse de As Conchas.