La representante de la Plataforma Veciñal contra a Mina de Touro-O Pino, Che Cancelo, ha denunciado lo que califican como una «estrategia intimidatoria» de la Xunta para dificultar la participación ciudadana en el proceso administrativo del proyecto. «Estamos aquí para decir que vamos a seguir adelante y que esta dictadura que nos está imponiendo la Xunta no nos va a parar», ha subrayado.

En una rueda de prensa en la que ha estado acompañada de representantes de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, Ulloa Viva, Adega y la CIG, Cancelo ha asegurado que la Administración autonómica está «cuestionando el derecho básico de la ciudadanía a participar», tras el envío de requerimientos a miles de personas que se posicionaron en contra del proyecto.

Según ha explicado, desde agosto de 2025 particulares y entidades están recibiendo comunicaciones en las que se les exige justificar su condición de «parte interesada» en el procedimiento. «Somos parte interesada porque vivimos aquí, porque bebemos agua del río Ulla y porque la ría de Arousa forma parte de nuestro sustento», subrayaron.

Las plataformas han considerado que esta actuación supone «una maniobra dilatoria» destinada a «desgastar y desmovilizar» a la ciudadanía, además de un «ataque directo a los derechos democráticos».

En este sentido, han denunciado que mientras a las grandes empresas extractivas «se les abren las puertas y se les facilitan los trámites», a los vecinos «se ponen trabas, palos en las ruedas, más burocracia y menos tiempo para defenderse».

«Quieren que callemos, que desistamos. Pues que que lo tengan claro, porque no vamos a hacerlo. No nos vamos a amedrentar, no nos van a intimidar y no vamos a dar un paso para atrás», ha remarcado.

«UNIDAD DE ACCIÓN»

Por su parte, la Plataforma Ulloa Viva ha enfatizado que las tres plataformas presentes tienen «una unidad de acción» que tiene que ver con la lucha contra estos proyectos «extractivos y lesivos» al medioambiente.

Además, se han referido a las declaraciones de este lunes, del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en las que defendía que la Administración autonómica no recurra la sentencia que le obliga a mantener la protección de los terrenos donde pretendía instalarse Altri en su estrategia de infraestructura verde al ser «un trámite previo» que, en su opinión, con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) «queda subsumido».

«Habla de un término que se llama submisión. Para nosotros simplemente significa que el paso que dio el Tribunal Superior declarando la ilegalidad de lo que había planteado la Xunta nos parece fundamental para entender que la DIA queda anulada, que la autorización ambiental integral entraría en la misma denegación y queremos que el Gobierno lo exprese cuanto antes», ha explicado.

Finalmente, la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa ha ampliado el mensaje asegurando que se ve un «recorte clarísimo de las libertades» y reiterando que están «unidos» no solo en el frente medioambiental, sino también en el frente de los derechos democráticos de la ciudadanía.