El PSdeG reclama el cese de la popular Elena Candia como presidenta de la comisión de investigación de contratos de la Xunta, entre otros temas, por la polémica de un informe jurídico que le solicitaba la oposición pero que, en realidad, es inexistente.

Todo parte de la primera sesión de esta comisión –impulsada por el BNG– celebrada el pasado 15 de octubre, cuando se celebró la votación de las normas de funcionamiento del propio órgano.

Entonces, nacionalistas y socialistas presentaron una serie de sugerencias a incluir en dichas normas para, entre otras cosas, intentar que tanto el plan de trabajo –que incluye quiénes serán citados a comparecer– como el dictamen se pudiesen aprobar por mayoría de dos tercios en lugar de por mayoría absoluta, tal y como ocurrió finalmente el pasado viernes, 8 de noviembre.

En aquella primera sesión, Elena Candia explicó que los Servicios Jurídicos de la Cámara le habían «informado» de que algunas de las sugerencias de la oposición «se apartan de lo establecido en el Reglamento del Parlamento de Galicia e incluso podrían ser contrarias a algunas de sus disposiciones».

Desde entonces, el PSdeG solicitó formalmente a la mesa de la comisión un informe en el que Candia amparó esta decisión y la respuesta llegó el miércoles de esta semana. En este escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la mesa responde que la Presidencia «se limitó a trasladar las advertencias de carácter reglamentario efectuadas verbalmente por los Servicios Jurídicos, sin hacer en ningún momento referencia a la existencia de un informe jurídico escrito emitido por los mismos».

En todo caso, añade la respuesta, las sugestiones formuladas por BNG y PSdeG a las normas de funcionamiento «en ningún momento fueron apartadas ni de su debate ni de su votación» el día 15 de octubre. No salieron adelante porque las rechazó el PP con su mayoría absoluta.

«NUNCA HUBO TAL INFORME»

Tras esta respuesta escrita de Candia, el Grupo Socialista ha pedido este jueves su cese porque «reconoce la inexistencia del supuesto informe jurídico» para justificar el rechazo a las enmiendas. «Tras semanas de espera y requerimientos, la respuesta de la mesa evidencia que nunca hubo tal informe, sustituyéndolo ahora con una simple advertencia oral», denuncia el PSdeG en un comunicado en el que tacha de «intolerable» que «se manipule el proceso parlamentario con esta impunidad».

Los socialistas afean al PP que trate de «desnaturalizar» este órgano que investigará no solo los contratos de emergencia de la Xunta durante la pandemia y con empresas como Eulen –de la que Micaela Núñez Feijóo, hermana del actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es directora para el Noroeste–, sino también por el modelo escogido para construir el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y el «sobrecoste» de 471 millones que señaló el Consello de Contas.

Para el PSdeG, los populares quisieron «bloquear» esta comisión «desde el primer minuto» al convertirla en «un paripé en el que todas las solicitudes de transparencia y fiscalización real fueron sistemáticamente obstaculizadas o ignoradas».

«Seguiremos trabajando para garantizar que se conozcan todos los detalles de las contrataciones en pandemia y para que se depuren las responsabilidades oportunas», advierten los socialistas.

En cualquier caso, la mesa de esta comisión de investigación se reunirá este jueves, a las 16.00 de la tarde, para fijar el inicio de los trabajos en base al plan que el PP aprobó el pasado viernes en solitario. La mesa está presidida por Candia y cuenta con Carmen Pomar (PP) como vicepresidenta y con Luís Bará (BNG) como secretario.